Aunque las administraciones públicas madrileñas, tanto ayuntamientos como Comunidad, llevan tiempo implementando medidas para acelerar las tramitaciones urbanísticas de los distintos desarrollos, que permitirán un aporte de oferta de vivienda libre y protegida, tanto para venta como para alquiler, estas tramitaciones siguen estando sujetas a legislaciones anticuadas que hacen que continuemos arrastrando el enorme desequilibrio entre oferta y demanda desde 2020, a un ritmo de 50.000 viviendas cada año.
Por tanto, son necesarias modificaciones más profundas de la legislación, en las distintas leyes del suelo, a nivel estatal y de las comunidades autónomas para aumentar la seguridad jurídica en los procesos de planeamiento urbanístico y acelerar la producción de suelo finalista.
Tal desequilibrio entre oferta y demanda hace que el precio de la vivienda en venta y en alquiler continúe aumentando y dificultando el acceso a la vivienda de los sectores más desprotegidos de la sociedad, especialmente los jóvenes.
La promoción de vivienda en España es un negocio muy intensivo en capital por lo que son imprescindibles modificaciones legislativas que abarquen un ámbito más amplio que el estrictamente urbanístico, como puede ser el hipotecario o el de arrendamientos, que atraiga la inversión nacional y extranjera de cara a un aumento de la producción de vivienda en plazos atractivos para las rentabilidades exigidas por este capital.
Al contrario de lo que ocurre en los estados más avanzados de la Unión Europea, continuamos siendo un país de propietarios. Los ciudadanos siguen prefiriendo la vivienda en compra que en alquiler, por lo que hemos de ser capaces de generar una oferta de alquiler atractiva en precio y prestaciones para que los porcentajes de ciudadanos que viven en régimen de alquiler con respecto a los que optan por la propiedad, se vayan igualando a los demás países de la Unión Europea.