Una de las medidas necesarias es implementar los compromisos derivados de la Ley 12/2023, con la inclusión de un índice de precios que permita a las comunidades autónomas y municipios establecer medidas relacionadas con las “zonas de mercado tensionado”, pero de forma eficiente sin alterar la relación de mercado y oferta que, como se está comprobando, puede generar un verdadero problema en el alquiler. Otro de los aspectos fundamentales es cumplir con las reservas del suelo protegido/social en alquiler asequible dispuestas en la Ley 12/2023 y donde debe existir un compromiso directo de la Administración como agente social en todos los aspectos.
El compromiso de alcanzar un volumen suficiente de viviendas en alquiler asequible debe establecerse mediante un Plan de Vivienda ambicioso intensificando la promoción de este tipo de vivienda, generando bolsas de suelo, y el acceso ágil y rápido a todas las medidas urbanísticas de desarrollo de vivienda mediante actuaciones de urgencia social y con los apoyos necesarios de la Administración en todos los ámbitos.
De igual forma, se debe adecuar la normativa para impulsar nuevos modelos de vivienda asequible para todos los sectores sociales de la población (primera vivienda, jóvenes, senior…) explorando modelos alternativos mediante entidades sociales sin ánimo de lucro, pero como actores fundamentales en el desarrollo de este tipo de viviendas.
Aspecto para tener en cuenta es el desarrollo de un marco fiscal favorable e incentivador reduciendo la carga impositiva sobre la vivienda entendiendo que es un bien social y no lucrativo. Así, se podría abaratar la vivienda en aproximadamente un 25%-30%.
Por último, es necesario atender a un nuevo modelo de construcción que agilice todo el proceso. La construcción industrializada frente a la tradicional tiene que convertirse en hoja de ruta para generar grandes volúmenes de vivienda en un tiempo reducido.