Para mejorar el acceso a la vivienda en España, es necesario reducir el coste que asumen los ciudadanos para acceder a una vivienda en relación a los ingresos netos de la unidad familiar. Un ajuste que debería ser posible realizarlo para todos los segmentos de la población y en todo el territorio del Estado español.
Para lograrlo identificamos tres retos muy significativos que, a nuestro parecer, como sociedad deberíamos ser capaces de conseguir entre todos.
El primero de ellos es impulsar la oferta de vivienda de alquiler asequible con carácter universal en todo el territorio, dando la opción a los ciudadanos de nuestro país de escoger entre invertir o alquilar, en función de sus preferencias y no por obligación, para cubrir una necesidad tan básica como es la vivienda.
El segundo reto es incorporar nuevos actores en la ecuación para que puedan aportar modelos e instrumentos distintos para desarrollar e impulsar una nueva oferta de viviendas en alquiler. En este sentido, la industria de la gestión de inversiones tiene mucho que aportar, al ser a través de la inversión alternativa el nexo de unión entre el capital privado institucional y los factores productivos de nuestra economía que lo pueden hacer realidad.
El tercer reto corresponde al cambio de paradigma que debe asumir la Administración Pública. Ello implica comprender que, si las comunidades autónomas y los ayuntamientos se centran en asumir el riesgo de demanda en la gestión de los alquileres, en vez de subvencionar a los actores privados para que construyan viviendas asequibles de alquiler, conseguirán multiplicar por más de cinco veces la velocidad de desarrollo de la oferta pública de vivienda de alquiler asequible.
El instrumento para plantear todos estos retos es la colaboración público-privada como el marco óptimo que nos permita dar un salto de calidad