Recientemente se ha celebrado el Día Mundial de la Construcción Sostenible, pero ¿Qué es construcción “sostenible”? Tal y como se definió por la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas en 1987, la sostenibilidad permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. En relación con lo anterior, una construcción sostenible es aquella que, entre otras características, respete y minimice su impacto en el ecosistema en donde haya de ser ejecutada, que reduzca la energía que conllevará su realización y posterior mantenimiento -a ser posible mediante el uso de energías renovables-, y que pueda efectuarse mediante la reutilización de materiales y el uso de reciclados para mejorar la gestión de residuos y preservar los recursos naturales de que disponemos; piénsese, por ejemplo, en la rehabilitación de un edificio antiguo o la terminación de uno que quedó a medio hacer… una construcción sostenible, en definitiva, tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y económico que su ejecución puede implicar.
De otra parte y muy resumidamente, el arbitraje es un método de resolución de disputas alternativo al judicial por el que, como indicó nuestro Tribunal Constitucional (STC 174/1995), “las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada”. Dicho de otra manera, el arbitraje consiste en que una disputa sea resuelta por unas personas que no son jueces (los árbitros), pero cuya decisión (laudo) tiene equivalentes efectos a los de una sentencia, por cuanto que se decide finalmente sobre la disputa y esa decisión es obligatoria. Puede decirse que la jurisdicción (juzgados) consiste en un “método público de resolver conflictos” que interesa al orden público, mientras que el arbitraje consiste en un “mecanismo privado de resolución de disputas” que se funda en la autonomía de la voluntad.
El arbitraje es el método más utilizado para resolver disputas en la industria de la construcción. Por ejemplo, en el año 2022 el 18% de los casos administrados por la Corte de arbitraje de Madrid tenía como materia objeto del arbitraje la ingeniería-construcción, cuando el año anterior, el año 2021, lo eran el 14% y el año 2020 el 8%. Ya en el informe “Resolución de Disputas Relacionadas con el Cambio Climático a través del Arbitraje y Métodos Alternativos de Solución de Controversias (ADR)” publicado el año 2019 por la Cámara de Comercio Internacional, establecía que, en el 2018, el sector de la construcción y la ingeniería representó el 26.6% de todos sus nuevos casos.
La razón del interés creciente en el arbitraje de construcción, se encuentra en los numerosos beneficios que el arbitraje aporta a esta industria, como la especialización de los árbitros en la materia relativa a la construcción que se va a discutir en el arbitraje, lo que permitirá una solución apropiada a disputas técnicas complejas (arquitectónicas, geotécnicas, estructurales, etc..) y la rapidez en la que se resuelven las disputas, al tratarse de un procedimiento que se resuelve en una única instancia, en el que no hay recursos ni apelaciones que dilaten durante años la decisión final; una rapidez en la resolución de las disputas que en una industria como la de la construcción es primordial.
Entre los beneficios que el arbitraje procura a la industria de la construcción, existen varios que pueden calificarse de sostenibles, con la relevancia que ello tiene en el momento en que nos encontramos. Entre esos beneficios “sostenibles” del arbitraje se encuentran la tramitación digital y flexibilidad de su procedimiento, consecuencia de que en el arbitraje prima la autonomía de la voluntad de las partes y de que éstas invierten todos los recursos posibles para que su disputa sea resuelta de la manera más eficiente y rápida posible.
Con anterioridad a la pandemia muchos de los procedimientos de arbitraje se venían tramitando de una manera digital, pero desde entonces, puede decirse que el arbitraje se ha digitalizado casi en su integridad. Debe tenerse en cuenta la gran cantidad de documentación técnica y legal que una disputa sobre construcción e ingeniería conlleva, pero gracias a la digitalización del arbitraje, las partes envían sus escritos, documentos e informes periciales por correo electrónico y mediante servicios de almacenamiento en la red, evitando así el alto consumo de papel que estos procedimientos ocasionaban y que resulta en una considerable reducción del impacto en el medioambiente.
De otro lado y gracias a la flexibilidad que el arbitraje permite, se ha normalizado que las vistas o audiencias que se celebran en los arbitrajes, se lleven a cabo mediante videoconferencias a través de plataformas como Microsoft Teams, Zoom, Webex, etc. lo que resulta en que los árbitros, las partes, los abogados, los testigos y los peritos puedan intervenir desde lugares muy distintos y sin necesidad de desplazarse a un mismo lugar, reduciéndose así también el impacto ambiental y económico que los viajes generan.
Es indudable que la digitalización del arbitraje contribuye a que la disputa sea resuelta de una manera más rápida y eficiente, lo que supone un ahorro de costes para la empresa que tiene un conflicto. Y es evidente, además, que esa digitalización del arbitraje contribuye a un mundo más sostenible, lo que en un día como hoy hay que resaltar.