El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en la aprobación de un real decreto-ley destinado a ampliar el margen de inversión de los ayuntamientos y otros entes locales. La norma permitirá destinar recursos propios a proyectos que no supongan gasto corriente, entre ellos actuaciones vinculadas a la vivienda o a la gestión de servicios esenciales. El alcance de esta medida dependerá, no obstante, del contenido que finalmente recoja el Boletín Oficial del Estado.
El anuncio se produjo tras el Consejo de Ministros y en un contexto político marcado por las negociaciones. La flexibilización de las inversiones municipales forma parte de las demandas planteadas por esta formación, que reclama mayor autonomía financiera para los consistorios. Según lo avanzado por Sánchez, el real decreto-ley pretende responder a esta reivindicación, aunque sin concretar todavía los mecanismos técnicos con los que se habilitará el nuevo marco de gasto.
En términos prácticos, la medida podría abrir la puerta a que los municipios utilicen superávit o remanentes para impulsar proyectos de carácter estructural, incluidos los relacionados con vivienda. Hasta ahora, las limitaciones impuestas por las reglas fiscales han restringido el uso de estos recursos, dificultando el desarrollo de iniciativas a largo plazo por parte de los ayuntamientos. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo pretende ampliar esa capacidad, siempre dentro de un escenario sujeto a la estabilidad presupuestaria y a los controles habituales.
El impacto real de esta medida dependerá, sin embargo, de factores que exceden el marco normativo. Cada ayuntamiento deberá evaluar si cuenta con recursos disponibles, con suelo adecuado para desarrollar proyectos residenciales y con la capacidad técnica necesaria para ponerlos en marcha. En ausencia del texto definitivo, siguen sin conocerse las condiciones exactas que deberán cumplir los municipios para poder activar estas inversiones, así como los límites que impondrá la norma.
A falta de la publicación oficial del real decreto-ley, no es posible anticipar su efecto sobre el mercado residencial. La capacidad de los ayuntamientos para impulsar nuevos desarrollos dependerá del detalle normativo, de la disponibilidad de recursos y de la evolución del planeamiento urbanístico en cada territorio. Observatorio Inmobiliario hará seguimiento de la norma una vez publicada y de su aplicación en los principales municipios del país para evaluar su repercusión efectiva sobre la promoción de vivienda.