En Madrid falta suelo. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha celebrado en el Espacio Fundación Telefónica un encuentro con responsables autonómicos y representantes de las principales juntas de compensación, en el que se presentó la nueva versión de la plataforma LandCam y se analizaron los retos del urbanismo en la región.
Durante la apertura, Carolina Roca, presidenta de Asprima, destacó la reciente firma de cinco convenios para sumarse a la herramienta: con el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Compensación Retamar de la Huerta, el Ayuntamiento de Brunete, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y la Nueva Centralidad del Este. Según señaló, estos acuerdos refuerzan la colaboración público-privada en el desarrollo de vivienda asequible.
Ajuste en las previsiones de suelo
Fernando Moliner, vicepresidente de Asprima, anunció que LandCam ha actualizado sus previsiones de suelo finalista en la Comunidad de Madrid para el periodo 2025-2030, situándolas en 126.579 viviendas, frente a las 128.441 estimadas en 2024. “Este ajuste responde a los movimientos en desarrollos clave como Campamento, ARPO, los planes del sureste y Nuevo Brunete”, explicó.
Moliner incidió en que la principal aportación de LandCam es la variable del plazo: “Es única porque permite ordenar los desarrollos en el tiempo y atraer inversión. El inversor necesita saber en qué momento se van a incorporar esos suelos”, subrayó. Según sus cálculos, en la Comunidad de Madrid hay potencial para 358.000 viviendas, aunque parte de ese suelo presenta limitaciones medioambientales o está protegido por la Red Natura. “Si queremos resolver el problema de escasez, habrá que plantear si es posible asumir más edificabilidad”, añadió.
Una herramienta con datos en tiempo real
Alejandro Bermúdez, cofundador y CEO de Atlas Real Estate Analytics, presentó las novedades de LandCam 2.0. La plataforma incluye acceso universal, filtros avanzados y mapas interactivos que permiten consultar el número de viviendas previstas, las fases de desarrollo y los plazos estimados de incorporación al mercado.
Actualmente recoge 111 desarrollos activos en la Comunidad de Madrid, con una concentración de vivienda prevista para comercializar en 2032 y 2033. Bermúdez destacó que la herramienta se actualiza en tiempo real: “Si alguien incorpora un dato de avance, tarda 10 segundos en estar disponible, lo que garantiza la fiabilidad de la información”. Además, se han añadido más de 100.000 viviendas correspondientes a desarrollos inactivos para facilitar su seguimiento y enlaces a fuentes oficiales.
Obstáculos desde las juntas de compensación
En la mesa redonda “Desarrollo Urbano en Madrid: Obstáculos y soluciones desde las juntas de compensación”, moderada por Fernando Moliner, vicepresidente de Asprima, intervinieron Rafael Olabarri, presidente de la Junta de Compensación de Valgrande; Isabel Pelegrí, presidenta de la Junta de Compensación del sector 5 de Brunete; Miguel Díaz Batanero, presidente de la Junta de Compensación de Los Cerros; y Darío Rivera, presidente de la Junta de Compensación de Retamar de la Huerta.
Los ponentes coincidieron en señalar la lentitud de los trámites, la inseguridad jurídica y la duplicidad de informes como los principales problemas que retrasan el desarrollo de más de 30.000 viviendas en estos cuatro ámbitos.
Olabarri recordó que Valgrande sufrió en 2022 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el planeamiento, lo que obligó a redactar un nuevo plan parcial aprobado en 2023, con un retraso de varios años en la reparcelación. Pelegrí apuntó que en Brunete el proyecto de reparcelación ha tardado más de un año solo en inscribirse, y señaló los problemas de suministro eléctrico como un obstáculo añadido. Díaz Batanero informó de que en Los Cerros ya han completado el 60% de las obras de urbanización de la primera etapa y han iniciado la segunda, mientras Rivera denunció que en Retamar se han necesitado más de cinco años para aprobar el proyecto de urbanización.
Todos reclamaron una reforma ambiciosa de la Ley del Suelo que agilice los procesos y evite la judicialización, así como la necesidad de que las infraestructuras de agua y energía se desarrollen de forma paralela al planeamiento.
Medidas en las comunidades autónomas
La segunda mesa, “Transformaciones urbanas en España”, contó con la participación de Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía; Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia; José Luis Mateo Hernández, consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad de las Islas Baleares; y Pablo Rodríguez Valido, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.
Díaz destacó que Andalucía ya ha identificado más de 630 parcelas disponibles gracias a un decreto aprobado en febrero que permite cambiar el uso de determinados suelos para vivienda protegida. En Canarias, Rodríguez señaló que se han aprobado dos decretos desde 2024 para transformar suelo terciario e industrial en residencial y anunció la creación de un observatorio de vivienda.
Mateo subrayó que Baleares ha elaborado un censo de suelo público para abordar futuras reformas normativas, mientras García Montoro explicó que Murcia ha reforzado el silencio positivo en los informes sectoriales y ha introducido licencias básicas con plazos reducidos. Por su parte, García González afirmó que Madrid permite ya el cambio de uso de parcelas terciarias a residencial protegido sin modificar la edificabilidad.
En conjunto, todas las comunidades coincidieron en que la agilización de trámites y la colaboración público-privada son esenciales para responder al déficit de vivienda protegida y asequible.