La Comunidad de Madrid ha adjudicado la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive Solución Joven, una iniciativa de alquiler asequible destinada exclusivamente a jóvenes menores de 35 años. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha formalizado este 13 de abril los contratos de las primeras promociones con las tres concesionarias encargadas de su desarrollo: DeA Capital, Avintia y San José.
Las nuevas promociones se distribuirán en ocho municipios de la región y en la capital. En concreto, el programa contempla 756 viviendas en Alcobendas, 365 en Arroyomolinos, 332 en Colmenar Viejo, 308 en Móstoles, 303 en Tres Cantos, 295 en Loeches, 150 en Valdemoro y 843 en Madrid, localizadas en Valdebebas y Ahijones.
Según la previsión del Ejecutivo autonómico, las obras arrancarán a lo largo de 2026. Estas promociones forman parte del Plan Vive, con el que la Comunidad de Madrid prevé levantar 14.000 viviendas durante la presente legislatura en más de una veintena de municipios.
Rodrigo ha señalado que se trata de las primeras viviendas de esta línea específica orientada a facilitar la emancipación juvenil. El consejero afirmó que esta iniciativa busca que los jóvenes puedan iniciar su proyecto de vida “cerca de sus familias, sin dejar atrás las calles y barrios que les han visto crecer”.
La Comunidad de Madrid indica, además, que ya ha entregado más de 5.200 viviendas del Plan Vive en Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital.
En la actualidad, el Plan Vive Solución Joven prevé 5.500 viviendas. Para acceder a una de ellas, los solicitantes deben ser menores de 35 años, destinar la vivienda a residencia habitual y no disponer de otro inmueble en propiedad en España. Además, tendrán prioridad quienes estén empadronados o trabajen en el municipio correspondiente desde hace al menos tres años.
El programa establece también un criterio de esfuerzo económico: el pago anual de la renta no podrá superar el 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.