La vivienda es en uno de los temas más relevantes del panorama político español, con el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentando propuestas que buscan dar respuesta a los desafíos del acceso a la vivienda en un contexto de creciente necesidad social.
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha centrado sus medidas en facilitar la adquisición de viviendas, especialmente para jóvenes menores de 40 años. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que pasaría del 10% al 4% en la compra de viviendas de segunda mano. También proponen la creación de un sistema de avales estatales que cubriría hasta el 100% del valor de la hipoteca en la adquisición de una primera vivienda, con el objetivo de facilitar la entrada al mercado inmobiliario para este colectivo.
Además, el PP ha planteado la liberación de suelo público para la construcción de viviendas asequibles y ha anunciado medidas para reforzar la lucha contra la ocupación ilegal. Estas incluyen la creación de un teléfono específico para denuncias y la implementación de seguros públicos que protejan a los propietarios que alquilen sus viviendas a través del sistema público.
Por su parte, el PSOE, a través del Gobierno, ha apostado por un enfoque centrado en la promoción de vivienda pública, la regulación del mercado inmobiliario y el fortalecimiento del parque público de viviendas. Entre las medidas anunciadas, destaca la creación de un sistema de garantías públicas para proteger tanto a inquilinos como a propietarios, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y fomentando la estabilidad en los arrendamientos.
El Ejecutivo también ha propuesto una exención del 100% en el IRPF para los propietarios que alquilen sus viviendas respetando los precios establecidos por el Índice de Precios de Referencia, incentivando así el alquiler asequible. Además, en el ámbito fiscal, se han planteado ajustes en el régimen de las SOCIMI, condicionando sus beneficios fiscales a su contribución en la promoción de alquileres asequibles, y un aumento del gravamen a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, como parte de una estrategia para combatir la especulación inmobiliaria.
Estrategia del Gobierno para la vivienda asequible
En el marco del foro “Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar”, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, anunció la construcción inmediata de 438 viviendas en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia. Estas viviendas, que serán “100 % asequibles”, estarán gestionadas por una nueva empresa pública basada en la transformación de SEPES (Entidad Pública del Suelo).
Durante su intervención, la ministra subrayó que esta iniciativa representa un "salto cualitativo y cuantitativo" en las políticas del Ejecutivo. También destacó medidas ya en marcha, como la reciente aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que ha permitido reducir los precios del alquiler en comunidades como Cataluña, y la derogación de las "Golden Visa" inmobiliarias, que, según el Gobierno, contribuyen a la especulación en el mercado.
En el ámbito de la regulación, Rodríguez hizo hincapié en la importancia de limitar la proliferación de pisos turísticos y anunció medidas específicas, como empoderar a las comunidades de vecinos para imponer restricciones y crear un registro único que permita combatir los apartamentos de temporada fraudulentos.
La ministra también destacó otras iniciativas como la puesta a disposición del patrimonio inmobiliario del Estado para convertirlo en hogares y la modificación de la Ley de Contratos para fomentar la colaboración público-privada y facilitar la construcción de vivienda asequible.
Un debate clave para el futuro habitacional
Ambos partidos presentan enfoques distintos para abordar la problemática de la vivienda. Mientras el PP prioriza los incentivos fiscales y las medidas para facilitar la compra de viviendas, el PSOE apuesta por la intervención pública, el fortalecimiento del mercado de alquiler y el desarrollo de un parque público de viviendas.