La Junta de Compensación de Valgrande ha confirmado que respeta y acata la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan parcial aprobado en 2019 por motivos procedimentales. Aunque el fallo ratifica la viabilidad del desarrollo urbanístico previsto, el tribunal ha señalado un defecto técnico en la evaluación ambiental estratégica, concretamente relacionado con la construcción de un caballón de tierras proyectado por razones paisajísticas.
En respuesta a esta resolución judicial, la Junta ha anunciado que ya dispone de un nuevo plan parcial que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Alcobendas el 20 de agosto de 2024. El objetivo es que este nuevo planeamiento entre en vigor antes de que finalice 2025 y permita reactivar el desarrollo.
“Respetamos y acatamos la sentencia, como no puede ser de otra forma, pero al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto. Porque es viable, sostenible y necesario”, ha señalado Rafael Olabarri, presidente de la Junta de Compensación de Valgrande. Según Olabarri, la sentencia “avala el planeamiento” general y solo afecta a una parte accesoria del proyecto.
El ámbito de Valgrande contempla la construcción de 8.600 viviendas, de las cuales el 54%, equivalente a 4.638 unidades, contará con algún tipo de protección, y el 40%, 3.483 viviendas, se desarrollará en suelo de titularidad municipal. El plan también incluye amplias zonas verdes, viarios y parcelas de equipamiento.
Desde la Junta de Compensación se ha subrayado que este retraso judicial afecta a un desarrollo que acumula 25 años de trabajo, y en el que participan propietarios de distintos perfiles, incluidos inversores, empresas y el propio Ayuntamiento de Alcobendas. En este sentido, Olabarri ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya avaló el plan parcial de 2019 en 11 de los 12 recursos presentados.
Además del perjuicio económico, el presidente de la Junta ha advertido del impacto social que supone este retraso en un momento de fuerte demanda. Según ha recordado, el proyecto ha recibido más de 16.000 peticiones de información ciudadana, pese a no haberse iniciado aún la comercialización de las viviendas.
“La falta de vivienda es uno de los principales problemas del país, como reconocen el CIS y la Comisión Europea. Si queremos afrontarlo con eficacia, es necesario introducir cambios legislativos que permitan subsanar errores administrativos sin paralizar desarrollos clave”, ha afirmado Olabarri.
Por último, la Junta de Compensación ha reiterado su voluntad de colaboración con las administraciones implicadas y su compromiso con la escucha ciudadana y la sostenibilidad. Su propósito, han señalado, es contribuir al desarrollo de Alcobendas con un nuevo barrio integrado en su entorno y que dé respuesta a la demanda de vivienda.