El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a los presidentes autonómicos una propuesta para poner en marcha un nuevo Acuerdo Estatal por la Vivienda que abarcaría el periodo 2026-2030. El planteamiento será debatido en la Conferencia de Presidentes prevista para el viernes en Barcelona, y busca establecer una hoja de ruta común para mejorar el acceso a la vivienda a través de una mayor inversión pública y nuevas herramientas de intervención.
Entre las medidas avanzadas destaca el aumento de los recursos destinados a vivienda, que se elevarían hasta los 7.000 millones de euros en los próximos cinco años. De esa cantidad, el Ejecutivo central asumiría un 60%, mientras que el 40% restante correspondería a las comunidades autónomas. Esta cifra supone más que triplicar el presupuesto previsto en el ciclo anterior (2022-2025), situado en torno a los 2.300 millones.
Otra de las líneas clave del plan es la protección permanente de las viviendas de protección oficial. El Gobierno propone que estas dejen de tener una calificación temporal para convertirse en parte indefinida del parque público, evitando así su descalificación y posterior entrada en el mercado libre. Esta medida pretende frenar la pérdida de vivienda asequible construida con financiación pública, que ha sido una constante en las últimas décadas.
Además, se plantea la creación de una base pública que recoja los precios reales de compra, venta y alquiler en todo el país, a partir de datos registrados oficialmente. El objetivo es reforzar la transparencia del mercado y facilitar el acceso a la información, reduciendo la dependencia de plataformas privadas.
El presidente ha apelado al consenso y a la voluntad de cooperación institucional para cerrar un acuerdo antes del verano. Según ha trasladado en su carta a los gobiernos autonómicos, es necesario abordar de forma coordinada uno de los principales desafíos sociales del país: garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y estable para las generaciones presentes y futuras.