La construcción del barrio Montegancedo en Pozuelo de Alarcón, Madrid, ha sido paralizada de forma cautelar, deteniendo el desarrollo de 1.000 viviendas, incluidas 300 de propiedad pública. Este proyecto, encargado a la firma Cano y Escario Arquitectura, que había avanzado tras más de 20 años de tramitaciones urbanísticas y la aprobación de todos los permisos, enfrenta una suspensión indefinida.
Jorge Ginés, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, ha manifestado que “Montegancedo es sólo un ejemplo, y muy claro, de por qué no funciona la política de vivienda en España y por qué la oferta de vivienda actualmente es muy inferior a las necesidades de la sociedad. En un momento de emergencia de la vivienda, resulta demasiado fácil recurrir un ámbito y paralizarlo; incluso estando ya en construcción y con un expediente urbanístico que se ha examinado durante dos décadas. Por lo tanto, urge un pacto de Estado para sacar adelante en el Congreso la modificación de la Ley del Suelo que garantice la seguridad jurídica de los desarrollos y, en especial, que no se paralicen de forma total”.
El proyecto fue suspendido en julio por una decisión judicial que impuso medidas cautelares mientras se resuelve un recurso contencioso interpuesto en 2022 por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, quienes argumentan la protección del medio ambiente en un terreno clasificado como suelo urbano desde la última revisión del PGOU en 2002.
Ginés ha cuestionado la tardanza de la acción legal: “Nos preguntamos: ¿por qué los ecologistas han esperado 20 años para presentar ese recurso contencioso?”. Los promotores han apelado esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
ASPRIMA reclama un pacto de Estado para aprobar cuanto antes la nueva ley de seguridad jurídica que pueda impedir paralizaciones totales de ámbitos en desarrollo
La polémica se centra en la distribución del terreno de 70 hectáreas, donde se planeaba construir en la zona conocida como ‘Los Polvorines de Retamares’, antiguas instalaciones militares. Según informes técnicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el 70% del terreno se convertiría en zonas verdes, de las cuales 36 hectáreas pasarían a ser de titularidad pública, incluyendo un parque forestal. La zona edificable representaría solo el 15,2% del total.
Ginés ha declarado que “A la vista de este reparto de la superficie, queda de manifiesto el respeto al medio ambiente de Montegancedo, que dispone de todos los informes favorables medioambientales e, incluso, cuenta con el informe ‘Plan Director de Sostenibilidad’ de la consultora especializada B Leaf, que confirma que con Montegancedo se crea el barrio más sostenible de la Comunidad de Madrid”.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tiene planes de impulsar el I Plan de Vivienda para Familias Numerosas en las parcelas públicas, ofreciendo viviendas asequibles de cuatro o más dormitorios. En junio, se reportó que en el municipio había 3.617 familias con tres o más hijos. La paralización también afecta la expansión del campus universitario y la mejora en accesibilidad desde la M-40, incluyendo la eliminación de puntos negros de accidentes de tráfico.
Ginés ha concluido lamentando los perjuicios a los ciudadanos y la comunidad, destacando la falta de garantías financieras que cubran los daños potenciales causados por la paralización: “¿Por qué permitimos que se paralice el desarrollo de las ciudades tan fácilmente? Con esta inseguridad jurídica será imposible acabar con el problema de la vivienda en España”.