La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha lanzado un llamamiento urgente para alcanzar un Pacto de Estado que aborde de manera estructural el problema del acceso a la vivienda en España. Este acuerdo, según ACI, debería involucrar tanto a agentes públicos como privados, trascendiendo los ciclos políticos y sentando las bases de un mercado residencial equilibrado y accesible para toda la ciudadanía.
Ricardo Martí-Fluxá, presidente de ACI, ha declarado que "el reto de la vivienda nos concierne a todos y no entiende de colores políticos ni fronteras ideológicas. Requiere un diálogo transversal y mixto, pues un enfoque exclusivamente público o privado no resolverá este problema".
ACI ha propuesto una serie de medidas para aliviar la crisis de acceso a la vivienda en España, centradas en aumentar la oferta residencial y agilizar los procesos urbanísticos. Entre ellas, destacan la cesión de suelo dotacional para viviendas asequibles, la flexibilización de usos del suelo, la simplificación normativa y la digitalización de trámites burocráticos. Además, ACI subraya la necesidad de garantizar la seguridad jurídica con reglas claras para atraer inversión privada y desarrollar proyectos innovadores.
ACI también pone a disposición del pacto su experiencia y conocimiento del sector, destacando que el sector inmobiliario es relevante para el progreso social y económico. Martí-Fluxá concluye: "Esta es una oportunidad histórica para transformar el mercado residencial. Alcanzar este objetivo requiere decisiones valientes, un liderazgo compartido y la voluntad de trabajar unidos".
El acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones políticas y sociales en España, con múltiples propuestas y personas trabajando para abordar este desafío desde distintos frentes. Mientras el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debaten sobre incentivos fiscales, vivienda pública y regulación del mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se enfoca en la eficiencia urbanística.
El PP prioriza facilitar la compra de viviendas, especialmente para jóvenes, mediante avales estatales y la reducción de impuestos. Por su parte, el PSOE apuesta por un enfoque público, destacando iniciativas como la Ley por el Derecho a la Vivienda y la transformación de terrenos estatales en viviendas asequibles, como las 438 previstas en Valencia. En paralelo, la CNMC ha iniciado un estudio para identificar barreras urbanísticas y proponer soluciones que agilicen la transformación del suelo, reduzcan costes y aumenten la oferta de viviendas.