La organización propone resolver esta problemática también “con una colaboración público-privada y más gasto público en vivienda social
Entre las medidas propuestas para la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, cuya consulta pública ya se ha cerrado y que pretende dar soluciones al problema de acceso a la vivienda a nivel nacional, se encuentra la definición del concepto de ‘vivienda vacía’. Así, el objetivo que se persigue es animar a los propietarios a alquilar aquellas residencias que no estén usando. Una solución que la Federación Fiabci España considera insuficiente si no va acompañada de otras posibles medidas como un mayor gasto público en vivienda social.
Aumentar el parque de viviendas que tiene por objetivo esta ley se presenta como una solución a este problema, pero “no puede resolverse con la contribución por parte de los propietarios privados, sino con un conjunto de medidas en colaboración entre el sector público y privado”, ha explicado Anna Puigdevall, tesorera de Fiabci España y directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC).
Tal y como apuntan desde la organización internacional, solo el 8,5% fueron viviendas protegidas respecto al total de ellas en España, así como 1.031 se encontraban en régimen de alquiler social. “Hemos visto una evolución descendente en los últimos años por lo que respecta al parque de vivienda pública. Solo en los últimos cinco años se ha visto reducida a la mitad. Aumentar el gasto público en vivienda social sería de las primeras medidas a agilizar”, insiste Puigdevall.
¿Qué es la ‘vivienda vacía’?
El insuficiente abordaje de este concepto, todavía indefinido y que impide cuantificar el número exacto de viviendas vacías que existen en España, es algo que lamenta la directora de AIC: “Definir adecuadamente y de forma inequívoca este concepto este concepto, así como otros relacionados como el de ‘gran tenedor’ arrojará luz a una ley que ya en su fase previa ha generado dudas en el sector inmobiliario”.
Puigdevall añade que “animar a los propietarios mediante incentivos fiscales y redactar esta ley con cláusulas que también protejan al propietario siempre es buena idea y ayudaría a que esta ley fuera percibida en positivo”.
De hecho, el acceso a la vivienda, ya sea comprada o alquilada, es uno de los mayores problemas sociales existentes debido al incremento de rentas y a la dificultad de conseguir financiación hipotecaria. Esta ley, que en su fase de consulta ha permitido la participación de entidades sociales del sector, persigue blindar la función social de la vivienda y aumentar el reducido parque público con fines sociales. Al respecto, Anna Puidevall señala que “la seguridad jurídica es fundamental para fomentar la aparición de vivienda vacía en el mercado y fomentar la inversión en la construcción de nueva vivienda”.