De izquierda a derecha, Pedro Fandos Pons, vocal del Servicio de Bases Gráficas Registrales del Colegio de Registradores; Eugenio Rodríguez Cepeda, director del Servicio de Estudios y Óscar Vázquez Asenjo, presidente de la Comisión de Bases Gráficas Registrales del Colegio.
Muestran su rechazo a la introducción de nuevos trámites en la inmatriculación de fincas registrales que acarrearán mayores costes a los particulares
17 de junio de 2014.- Los registradores de la propiedad han advertido de abundantes inconsistencias jurídicas en el proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria en materia de bases gráficas y expedientes, aprobado por el Gobierno para su remisión a las Cortes.
Durante unas jornadas sobre la reforma organizadas por el Colegio de Registradores, se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un buen texto normativo por lo que los registradores creen necesario que en la tramitación parlamentaria se acepten modificaciones para mejorar el proyecto antes de que llegue a ser ley. Incluso algunos ponentes han abogado porque el proyecto sea retirado.
Según los registradores, la Ley debe responder a una coordinación entre Registro de la Propiedad y Catastro y su objetivo es que permita conocer a los ciudadanos todas las actuaciones que la administración pretende realizar sobre el territorio. Simultáneamente, la administración debe tener toda la información para conocer quiénes son los propietarios de las fincas sobre las que se pretende actuar.
Los intervinientes han mostrado su rechazo a la introducción de nuevos trámites en la inmatriculación de fincas registrales, que van a acarrear -alertan-, mayores costes a los particulares interesados, sin aportar a cambio un incremento de la seguridad jurídica. Asimismo, han mostrado su extrañeza porque, una vez decidida la desjudicialización de los expedientes de dominio, no se atribuya toda su tramitación a los propios registradores, tal y como se había propugnado desde la Comisión General de Codificación.
IGLESIA CATÓLICA
Los registradores de la Propiedad comparten la decisión del Gobierno de equiparar el procedimiento de la Iglesia Católica para la inscripción de su propiedad con el procedimiento normal de inmatriculación. Sin embargo, critican que las Administraciones Públicas sigan manteniendo situaciones de privilegio en este sentido, en especial algunas pertenecientes a la Administración Local.
