Los administradores de fincas consideran que la organización colegial es fundamental para preservar los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda

Los 15.600 administradores de fincas colegiados administran y gestionan el 80% del parque total de viviendas de España

22 de enero de 2014.- El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), ha presentado en el Consejo de Estado las alegaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, solicitando que el ejercicio de la profesión de Administrador de Fincas quede incorporado al catálogo de profesiones colegiadas que contiene la disposición adicional primera. Las razones que justifican esta petición se fundamentan en que el ejercicio de la Administración de Fincas cumple con todas las condiciones que el Anteproyecto de Ley describe como necesarias para que una profesión sea considerada de Colegiación Obligatoria. En un comunicado, los administradores de fincas colegiados consideran que existen razones de interés general, como la protección del medioambiente y el entorno urbano, "que no pueden quedar garantizadas sin la actuación profesional del administrador de fincas colegiado, que es el profesional que gestiona el 80% del parque total de viviendas en España, garantizando  el mantenimiento, buen uso y conservación del principal bien material del que disponen los ciudadanos y las familias: vivienda y su patrimonio inmobiliario". Obviamente, la seguridad del inmueble no está solo en su proyección y construcción, sino a lo largo de toda la vida del edificio y muy especialmente en su conservación y mantenimiento, "uno de los objetivos fundamentales de la actividad de los Administradores de Fincas Colegiados, y que justificarían, por si solas, la colegiación obligatoria de esta actividad profesional", afirman.

REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

La seguridad física de las personas está directamente vinculada con la de los inmuebles en los que residen. Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, "al igual que se reconoce acertadamente la colegiación obligatoria de los arquitectos que proyectan construcciones de edificios, la seguridad no está solo condicionada a la fase de construcción, sino también a la de la posterior obligación de conservación de los inmuebles, y particularmente de las viviendas. El cumplimiento de estas condiciones para los inmuebles son objetivo básico de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyo desarrollo corresponde a los Administradores de Fincas Colegiados y que será una herramienta básica para lograr el necesario estímulo del sector de la construcción. No en vano los administradores de fincas colegiados generan 86.000 empleos directos en la actualidad y administran un presupuesto anual de 36.000 millones de euros". El CGCAFE señala que en un momento en el que la Comisión Europea ha propuesto la puesta en marcha, durante el primer semestre de 2014, de un estudio económico que finalizaría en abril de 2015, dentro del cual los Estados miembros deben proponer las distintas medidas dirigidas a revisar las restricciones a la entrada de determinadas actividades profesionales, el Gobierno español quiere adelantarse a todo ello regulando una materia de una gran trascendencia social y económica para los ciudadanos, careciendo de datos económicos reales y sin el estudio de impacto económico correspondiente. Los administradores de fincas colegiados, en palabras de su presidente Salvador Díez, consideran que "no hay ninguna razón, ni social, ni económica, para acometer la promulgación de una futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en un momento en que los Estados miembros inician un trabajo coordinado desde el Consejo y el Parlamento Europeo a fin de obtener datos comparativos y rigurosos que permitan decidir el alcance y tipo de regulación más conveniente a cada Estado miembro. Si al final se sigue adelante con lo estipulado en el Anteproyecto, el perjuicio será considerable para los ciudadanos".