Ante las acusaciones de irregularidad vertidas en una nota de la oficina de prensa del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los programas de formación para el empleo
12 de noviembre de 2014.- La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) ha hecho público un comunicado, por boca de su director general, Enrique Corral, en el que "quiere dejar claro que ha actuado siempre dentro de la legalidad y que ha intentado en todo momento utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, lo que se puede inferir de la ejecución total del plan de formación subvencionado, con un total de 5.458 cursos y 86.411 alumnos certificados".
Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral de la Construcción.
La FLC, entidad sin ánimo de lucro gestionada de forma paritaria por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios, y Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores, Federación de Industria (MCA-UGT), responde a la nota emitida por la oficina de prensa del Tribunal de Cuentas en la que se relacionaba a la FLC, entre otras organizaciones, con supuestas irregularidades en los programas de formación para el empleo del ejercicio 2010.
La entidad paritaria de patronal y sindicatos del la construcción, "lamenta que se haya producido esta información sin que el informe del Tribunal de Cuentas haya sido publicado" y señala "la falta de rigor" de dicha nota al manejar los conceptos de "subcontratación de la actividad subvencionada" y de "contratación de proveedores". FLC señala en su comunicado que "la propia ley de subvenciones es bastante clara al definir qué se considera subcontratación de actividades subvencionadas y diferenciarla de la contratación de servicios con proveedores. Pero quizás se entienda mejor con un ejemplo: en una subvención para un plan de formación compuesto por diez cursos, se considera subcontratación el encargo a un tercero para la ejecución de uno o varios de esos cursos, pero no se considera subcontratación, por ejemplo, el alquiler de aulas a un proveedor o la compra de libros a otro".
FLC informa que el plan de oferta de la Fundación Laboral de la Construcción del año 2010, para el que se recibió una subvención de 41,6 millones de euros, estuvo compuesto por un total de 5.458 cursos. Para la ejecución de estos cursos la Fundación contrató servicios y materiales con más de 1.000 proveedores externos, por un importe de 32,8 millones de euros.
En este sentido, recuerda que la Ley General de Subvenciones establece que el beneficiario de una subvención deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores cuando el gasto por adquisición de bienes de equipo o por prestación de servicios de consultoría o asistencia técnica supere los 12.000 euros, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
Por otra parte, recuerda que la Ley 43/2006 establece en su disposición adicional quinta literalmente lo siguiente: "En el ámbito de la formación profesional se considerará, a efectos de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que el beneficiario ha cumplido lo allí establecido cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a los criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta la formación a realizar y el ámbito en que ésta se desarrolla".
En el caso del plan de oferta de la Fundación Laboral de la Construcción del año 2010, la FLC informa que hubo proveedores que facturaron más de 12.000 euros, "respecto de los cuales se aportó memoria justificativa de la contratación, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 43/2006. Estos proveedores suman una facturación total de 12,2 millones de euros, que es la cifra a la que parece referirse la nota de prensa, a falta de conocer el informe definitivo".
El director general de la Fundación, afirma que el propio Tribunal de Cuentas plantea en su nota de prensa estudiar la idoneidad de mantener esa excepción recogida en la Ley General de Subvenciones, "lo que significa admitir que su utilización es perfectamente legal", concluye Enrique Corral.
Por último, Fundación Laboral de la Construcción califica de "impropia de una institución como el Tribunal de Cuentas esta forma de proceder, lanzando a los medios de comunicación una Nota de Prensa sobre un Informe de Fiscalización que aún no se ha hecho público ni se ha dado a conocer a las partes implicadas o afectadas por el mismo".
LA NOTA DE PRENSA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El Tribunal de Cuentas informaba en su nota de prensa que en el informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita de los fondos para la formación y el empleo en 2010, había detectado un desvío "injustificado" a empresas de fondos de formación que habían sido concedidos por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales, o lo que es lo mismo "una excesiva subcontratación de la actividad subvencionada".
En este informe, el Tribunal hace hincapié en "la ausencia de evaluación de la eficacia y eficiencia de la formación profesional" desarrollada ese año.
En el informe, el Tribunal de Cuentas asegura que se vulneraron los principios de transparencia y concurrencia en la utilización de los recursos públicos, al constatar la contratación directa de proveedores de servicios de formación por parte de CEOE, Cepyme, UGT y la Fundación Laboral de la Construcción.
Así, afirma que la CEOE contrató de forma directa 4,3 millones de euros sin solicitar tres ofertas previamente; cifra que en el caso de Cepyme ascendió a 7,7 millones; en el de la Fundación Laboral de la Construcción, a 12,2 millones; y en el de UGT, a 1,1 millones.
Entre las "deficiencias e incumplimientos" detectados en los costes imputados, el Tribunal pone como ejemplo una entidad que desarrolló un plan de formación de la CEOE, que facturó un importe de 334.022 euros en concepto de alquiler de equipos informáticos, con licencias de software.
Considera estos gastos "excesivos", ya que los gastos reales de alquiler fueron de 3.489 en un grupo de acciones formativas y 4.652 euros en otro.
