Ricardo Martí-Fluxá. Presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI).
ACI organiza un encuentro informativo con las experiencias llevadas a cabo en Finlandia y Suecia
3 de junio de 2014.- La racionalización y optimización de patrimonio inmobiliario puede suponer ahorros de entre el 15 y el 20 por ciento para las empresas y en el caso de las Administración Pública el ahorro puede llegar incluso al doble, según ha manifestado el presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), Ricardo Martí Fluxá, en una reunión informativa sobre la optimización del patrimonio inmobiliario público, en la que se han expuesto como modelo de este proceso los casos de Finlandia y Suecia.
ACI considera "válidas y muy positivas las medidas iniciales tomadas por el ministro Montoro en el Plan de Ventas del Sector Público Estatal, que contemplaban inicialmente la enajenación de 423 inmuebles urbanos propiedad del Patrimonio del Estado, así como otras operaciones puntuales posteriores. Y lo dicho para la Administración General del Estado es aplicable a los planes que también tienen en marcha la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía, entre otras".
Son muchos los gobiernos Autonómicos, Ayuntamientos, empresas y entidades públicas que están poniendo en marcha planes para una mayor optimización de su patrimonio público. En todo caso, ACI puntualiza que "son iniciativas en el fondo aisladas y que por no considerarse prioritarias en este preciso momento se convierten en actuaciones tal vez demasiado lentas".
Las consultoras encuadradas en ACI (Aguirre Newman, CBRE, JLL y Knight Frank) consideran que, con todo, "en España estamos ante la oportunidad única, aprovechando que hay intención política clara, de planificar y poner en marcha iniciativas lo suficientemente ambiciosas y realistas como para que el país se posicione a la vanguardia en la gestión del patrimonio inmobiliario público". "Es complejo, pero existen unos muy buenos cimientos: por una parte la voluntad política, y por otra el vehículo, la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales".
Afirman que "la radiografía de lo que acontece en el ámbito privado nos da una idea de que España vuelve a ser tenida en cuenta, y que un plan de gestión del patrimonio público inmobiliario integral, sería la confirmación del nuevo ciclo que se prepara".
En este sentido, apuntan en ACI que son muchos los modelos y opciones que los países más avanzados en esta materia nos muestran, entre ellos los acometidos por Austria, Finlandia, Italia o Suecia. Finlandia y Suecia son dos países ejemplares en la gestión de su patrimonio inmobiliario público.
Precisamente en esta reunión informativa sobre optimización del patrimonio inmobiliario público ha contado con la presencia de
Kaj Hedvall, director de estrategia, desarrollo de negocio y gestión de la información de la empresa pública Senate Properties, de Finlandia y de Fredrik Wirdenius, presidente de la agencia Vasakronan (Suecia).
Aunque con las particularidades y características, tanto
Hedvall como Wirdenius han coincidido en señalar el "enorme" ahorro que ha supuesto para sus respectivos países la racionalización y optimización del patrimonio inmobiliario público. Para ello han planteado que son fundamentales tanto la transparencia como la flexibilidad a la hora de emprender una actuación de este tipo, así como en el uso y arrendamiento de los inmuebles. También han informado que este proceso es lento y su puesta en marcha lleva entre 10 y 15 años, ya que en su fase inicial incluye la difícil tarea de identificar y clasificar los inmuebles (su ubicación, estado de conservación, características prestacionales, etc.). Posteriormente viene la fase de que cada organismo de la Administración determine cuánto espacio necesita, dónde y cuánto le cuesta su implantación.
Por su parte, tanto el presidente de ACI, como los máximos representantes de las consultoras asociadas presentes en el acto, han señalado que "no sólo es necesario, sino que es perfectamente asumible en la práctica" en España un proceso de optimización como los llevados a cabo en Finlandia y Suecia, que podría iniciarse con la Administración Central, para después hacerse extensivo al ámbito autonómico y municipal.
