Desde diciembre de 2017, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en España establece la obligación de las comunidades de propietarios a adaptar los elementos comunes de los edificios para garantizar su uso a personas con diversidad funcional. Esta legislación, en línea con los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, busca mejorar la accesibilidad en las viviendas.
Un informe de la Fundación Mutua de Propietarios revela que el 87% de los edificios residenciales en España necesitarían eliminar barreras arquitectónicas para ser completamente accesibles. No obstante, solo un 0,6% de estos edificios son actualmente accesibles de manera universal. Asimismo, se indica que un 63% de los edificios no tienen accesibilidad desde la calle al portal y un 22% carece de ascensor, lo que ha forzado a un 22% de las personas con movilidad reducida a cambiar de residencia.
Este problema afecta especialmente a las personas mayores y con movilidad reducida. A pesar de existir subvenciones y ayudas para reformas de accesibilidad, la necesidad de mejoras sigue siendo significativa. El ‘I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad’ de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) indica que el 87,5% de los españoles cree que la accesibilidad de la vivienda influye directamente en la salud de sus habitantes, con especial énfasis en regiones como La Rioja, Asturias, País Vasco y Cantabria.
Además, el 62,9% de los propietarios en comunidades de vecinos considera necesario mejorar la accesibilidad en sus edificios, siendo esta una opinión más prevalente en Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja.
Mejoras para conseguir la accesibilidad universal en las viviendas españolas
Para abordar esta situación, UCI sugiere once reformas clave para mejorar la accesibilidad y seguridad en edificios y viviendas, incluyendo la instalación de ascensores, rampas, automatización de puertas, dispositivos adaptados para personas con discapacidad sensorial o intelectual, sistemas de domótica, ampliación de espacios en cocinas y baños, adecuación de puertas y pasillos, instalación de pasamanos y barandillas, ajuste de la altura de interruptores, suelos antideslizantes y reorganización de muebles. Estas medidas, junto con el cumplimiento de normativas recientes, son fundamentales para avanzar hacia una mayor accesibilidad en las viviendas españolas.
Catia Alves, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación de UCI, destaca que “si queremos llegar a los parámetros fijados por la UE para alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de los edificios, tenemos también que considerar aquellas mejoras que permitan que los ciudadanos puedan vivir en igualdad de condiciones. Factores como la salud, la seguridad y el bienestar de las viviendas tienen que ser una prioridad en el día a día de las personas con más dificultades”.