INFORME: Plan de Acción Construmat para impulsar la economía desde la industria de la construcción

INFORME: Plan de Acción Construmat para impulsar la economía desde la industria de la construcción
34-37-informe-1La actual crisis económica, la dura política de recortes por parte de la Administración Pública y la falta de crédito han conducido a una caída sin precedentes en la Unión Europea del sector de la construcción, provocando la desaparición de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y la destrucción de millones de puestos de trabajo. Con el objetivo de intentar poner freno a esta situación y con motivo de la celebración de la 18ª edición del salón Construmat de Fira de Barcelona, todos los agentes de la construcción española han consensuado el "Plan de Acción Construmat para impulsar la economía desde la industria de la construcción" en una iniciativa inédita en España por su carácter unitario. El documento, del que recogemos a continuación sus principales objetivos y un resumen ejecutivo, reivindica el papel de este sector para salir de la crisis y propone al Gobierno un paquete de medidas en ámbitos como la obra civil, la rehabilitación, la eficiencia energética o la vivienda residencial.
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
La actual crisis económica, y la estricta política de recortes en la inversión pública que ha traído consigo, han generado una fuerte caída de la actividad, acompañada de unos niveles de paro que resultan ya insostenibles para nuestro país. La salida de la actual situación no se prevé que sea rápida ni fácil. En estas circunstancias, es evidente el proceso de descapitalización que se está dando en los principales sectores productivos, como de hecho ya ocurrió en los años setenta, en que la gran duración del período recesivo expulsó a buen número de empresas preparadas técnicamente, y a trabajadores formados, perdiéndose un capital humano y tecnológico, con los altos costes que ello conlleva. Por lo tanto, es necesario actuar para impulsar el crecimiento de actividades industriales y de servicios, de alto valor añadido y amplia capacidad de empleo, aplicando medidas que sean coherentes con la política de consolidación fiscal, que no se debe abandonar. La construcción, en sus diferentes vertientes de actividad, es uno de los tejidos productivos importantes para el futuro del país, cuyas actuaciones incrementan la eficiencia del resto de sectores y generan gran cantidad de empleo y de sinergias en su impacto sobre el territorio. Tiene también demostrada capacidad para autofinanciarse a corto y medio plazo, vía incremento de la recaudación fiscal y ahorro de prestaciones sociales, y de atracción de inversión privada, con un aumento del bienestar equivalente. Por esto, el Plan de Acción está pensado para ver cómo, desde la Industria de la Construcción, se puede ayudar a superar la crisis con eficiencia, aportando riqueza y empleo al conjunto de la economía española.
RESUMEN EJECUTIVO
La construcción, una industria clave para el PIB nacional, para el mantenimiento de la actividad e imprescindible para acompañar el crecimiento del resto de los sectores productivos, ha resultado especialmente afectada por una coyuntura muy desfavorable. Incluso en un escenario de crisis como el actual, los datos de contratación y facturación en el exterior ponen de relieve la competitividad de las constructoras españolas, que han sabido conquistar nuevos mercados y ocupar posiciones de liderazgo en concesiones de infraestructuras. Sin embargo, muchas empresas medianas, con un elevado nivel tecnológico acumulado, han quedado frenadas por los ajustes que se han llevado a cabo en nuestro país y solamente en los dos primeros años de crisis desaparecieron unas 170.000 empresas, la mayor parte de ellas pymes, cifras que ponen de relieve la rápida descapitalización empresarial, laboral y de capital humano que se está produciendo en el sector. Si se aplican criterios de eficiencia económica y medidas para coordinar la ciclicidad de los diferentes subsectores, la construcción es una actividad de gran rentabilidad social para conciliar la austeridad con el crecimiento económico y del empleo, ya que incide directamente sobre el tejido productivo vinculado al territorio y a la economía más local, con un alto porcentaje de ocupación. En todo caso, resulta prioritario detener la destrucción de empleo, que ha dejado en el paro 1,5 millones de personas en los últimos 5 años y que, si se cumplen las previsiones, sigue en caída libre y afectará a más de 100.000 personas en 2013.
EL SECTOR PROPONE LAS ACCIONES SIGUIENTES
1.      Disponer un interlocutor público, único e interdepartamental, que asuma de forma global toda la actividad de la industria y que se comprometa a elaborar un Plan Estratégico donde se definan los objetivos, así como una hoja de ruta de lo que se puede esperar de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas. Plan de Acción para impulsar la economía desde la Industria de la Construcción. Para impulsar la rehabilitación, el mantenimiento y la mejora de la eficiencia energética del parque edificado 2. Realizar un diagnóstico nacional y un plan de intervención, a medio y largo plazo, de las obras de rehabilitación, que incluya objetivos, prioridades y medidas concretas, debidamente coordinadas con las modificaciones legales necesarias para asegurar su efectividad. 3. Habilitar fórmulas de financiación y mejoras en la fiscalidad y bonificaciones, estables a medio y largo plazo, a los propietarios de viviendas propias o destinadas al alquiler. Definir obligaciones de los propietarios y mecanismos de cumplimiento. 4. Poner en marcha un plan de comunicación para concienciar de su necesidad y mostrar la rentabilidad de estas inversiones. 5. A nivel de empleo, establecer planes de choque para la formación de profesionales y trabajadores del sector y contra la economía sumergida. 6. A nivel de edificación privada, poner en marcha una línea operativa OPENDATA, base de datos abierta al sector, donde se vayan introduciendo, de forma progresiva, las condiciones objetivas del estado de los edificios cara a establecer un sello de calidad y eficiencia energética. 7. A nivel público, elaborar un Programa Global Estratégico de Mantenimiento del Par- que Público de Edificios, campo con un enorme potencial de ahorro si se invierte en racionalizar usos y gastos energéticos, a nivel de todas las administraciones. Para impulsar un pacto concertado de inversión en obra pública 8. Definir una estrategia de futuro, a medio y largo plazo, que apueste por la eficiencia, la transparencia y la estabilidad en la licitación de la Obra Pública. 9. Definir criterios mucho más selectivos que en el pasado en la programación y toma de decisiones sobre las obras e infraestructuras públicas. 10. Priorizar las inversiones utilizando criterios de austeridad y eficiencia económica, con la obligatoriedad de realizar análisis coste-beneficio previo que valore cada operación en función de sus costes y beneficios, económicos y sociales. 11. Exigir la participación, concertación y transparencia de todas las Administraciones con competencias en los proyectos de interés general: la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Para impulsar nuevas política de vivienda 12. Instrumentalizar medidas para suprimir o reducir considerablemente las limitaciones impuestas a reservas de suelo para vivienda protegida o a viviendas protegidas ya construidas, una vez se confirme la supresión de ayudas públicas para dichas viviendas protegidas, tanto de alquiler como de venta. 13. Aplicar medidas de simplificación y desregulación normativa, que no comportan coste alguno para el sector, para dar salida a los stocks de vivienda acabados y facilitar la adaptación al momento social y económico actual. 14. Discriminar las zonas y segmentos donde hay potencial de demanda de obra nueva, que no puede satisfacerse por la falta total de financiación global, lo que generará futuras tensiones de precios en dichas zonas. Se trata de flexibilizar el funcionamiento de la industria de la construcción, y adecuarlo a las condiciones específicas de cada tipología y territorio.  Nº 62 - Mayo 2013