FAI propone una ayuda estatal directa para hacer frente a los alquileres de hasta seis meses.
La Federación Nacional de agencias inmobiliarias (FAI) considera prioritario aplicar una reducción de hasta un 50 % en los impuestos que gravan las transmisiones de vivienda, que esté activo durante todo el año 2020 para dinamizar la recuperación económica y sectorial.
En este sentido, el colectivo reclama al Gobierno una batería de medidas que permita proteger el alquiler y la actividad inmobiliaria activando un plan de choque para sostener a las familias y empresas, que, al mismo tiempo, incluya medidas fiscales para impulsar la recuperación económica y sectorial tras la emergencia sanitaria.
Para ayudar a los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, FAI propone una ayuda estatal directa para hacer frente al pago de los alquileres de hasta seis meses, según su nivel de ingresos y su situación de vulnerabilidad, extensible a todas las personas que residan en esta modalidad de vivienda.
Desde la federación, aseguran que la protección y las garantías para los propietarios arrendadores son también imprescindibles para que, por una parte, nadie se vea abocado a quedarse en la calle por no poder hacer frente a los pagos del alquiler, y por otra, nadie tenga que perder una importante y necesaria fuente de ingresos, ya que hay arrendadores que consiguen llegar a fin de mes por la cuota que ingresan de sus inquilinos.
FAI considera imprescindible, también, que se articulen ayudas directas a empresarios que hayan visto reducida drásticamente su facturación por la crisis del COVID-19.
Por otra parte, en el caso de los empresarios que sean propietarios de los locales en los que se ejerza la actividad, propone una moratoria o pago aplazado sin intereses en las cuotas de hipoteca e impuestos derivados de su actividad hasta final de 2020.
Margen y flexibilidad para los agentes inmobiliarios
Con respecto a la situación de las agencia inmobiliarias, FAI pone de manifiesto que el sector ha sufrido un parón medio del 95 % de su actividad, y con ello su volumen de facturación, ya que desde el primer día en el que el Gobierno decretó el estado de alarma las agencias se vieron obligadas a cerrar las oficinas- dado que su actividad depende 100% del contacto con los clientes; y a mantener solo una mínima gestión sobre los encargos de servicio ya activos para dar soluciones jurídicas a los clientes.
Ante esta situación, desde FAI reclaman a la Administración más margen y flexibilidad para el sector de la intermediación a la hora de poder tramitar y aprobar ERTEs, tal y como ya pidió la Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios (FADEI).