Creen que el registro de morosos de alquiler "condenará a la indigencia" a los desahuciados
Leire Iglesias, Portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso
La portavoz socialista en materia de Vivienda en el Congreso, Leire Iglesias, cree que el registro de morosos de alquiler que el PP pretende introducir en la Ley del Alquiler que actualmente se está tramitando "condenará a la indigencia" a las personas desahuciadas, y ha registrado 38 enmiendas parciales al proyecto normativo para, entre otras cosas, recuperar la Renta Básica de Emancipación o crear una Sociedad de Gestión y Promoción de vivienda protegida en alquiler.
En una nota de prensa, Iglesias ha alertado de que el Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler "impedirá a las personas desahuciadas volver a tener una casa y las condenará a la indigencia".
Además, ha criticado la globalidad del proyecto de ley que, a su juicio, "desequilibrará el mercado del alquiler y sólo favorecerá a los propietarios, en detrimento de los inquilinos que son la parte más débil de la cadena". "Parece más bien una ley anti-inquilinos", ha añadido.
Por eso, las enmiendas socialistas buscan "restaurar el equilibrio en los contratos de alquiler entre arrendador y arrendatario, roto con este proyecto de ley" además de "evitar que se establezcan regímenes más beneficiosos para las empresas como las Socimis, a las que se les conceden unos grandes beneficios fiscales a cambio de nada".
"Lo que el Gobierno llama flexibilización y fomento del alquiler es en realidad un nuevo recorte de derechos a los más vulnerables y un negocio para las empresas con más privilegios", ha añadido la diputada socialista, que también presentó enmienda de totalidad con texto alternativo a este proyecto.
Fomentar el alquiler
Por eso, entre sus enmiendas figuran medidas para fomentar el alquiler, como instar al Gobierno a crear, en el plazo de tres meses, una Sociedad de Gestión y Promoción Pública para la Vivienda Protegida en Alquiler aprovechando los recursos de SEPES y SEPI y utilizando los recursos económicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para "no generar gastos adicionales".
Asimismo, reclaman que el Plan Estatal de Vivienda 2013-15 incluya entre sus ejes básicos "programas de impulso y fomento del alquiler, singularmente los destinados a ayudar a los inquilinos con menores ingresos familiares y a aquéllos que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida".
"También se impulsará la incorporación al mercado de vivienda en alquiler la procedente del stock de vivienda nueva sin vender, de la rehabilitación de inmuebles desocupados o de la vivienda desocupada", añaden, incluyendo también un cambio en la Ley del Suelo para hacer que de la reserva a vivienda protegida que es obligatoria en todas las promociones se destine al menos la mitad a vivienda de protección pública en alquiler o con derecho de superficie. Además, reclaman que del suelo que las promotoras deben entregar a las administraciones públicas se reserve una parte para alojamientos públicos con destino a colectivos sociales necesitados".
Por otra parte, los socialistas reclaman que, en un mes máximo, se reformen las normas necesarias para "reconocer a nuevos beneficiarios del derecho a la Renta Básica de Emancipación en las mismas condiciones de quienes la disfrutan actualmente".
Equilibrio entre las partes
Otro bloque de enmiendas modifica aspectos puntuales del proyecto de ley para intentar conseguir un mayor equilibrio entre los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos. Así, por ejemplo, los socialistas recuperan la prórroga automática y obligatoria por cuatro años de los contratos, en lugar de los tres años que ha previsto el Gobierno.
Sin embargo, establecen la excepción de las viviendas de más de 300 metros cuadrados o de rentas superiores a 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que "los arrendamientos suntuorios no gocen del mismo régimen de protección" que el resto. En estos casos, primará el acuerdo privado al que lleguen las partes.
Los socialistas también piden que para que la prórroga obligatoria no se aplique en caso de querer usar la vivienda por el propietario o familiares, se deberá hacer constar expresamente en el momento de la firma del contrato, en lugar de tras el primer año y dos meses antes de su expiración como prevé el proyecto de ley. El objetivo es evitar inseguridad jurídica.
Asimismo, si la vivienda no fuera ocupada por el arrendador o familiar al cabo de tres meses, el propietario deberá reponer su uso y disfrute por el tiempo que falte hasta los cuatro años o devolver el importe de la renta de ese periodo, en función de lo que decida el inquilino. La previsión de la ley es que la indemnización se eleve sólo a una mensualidad por cada año que quedara hasta los tres obligatorios.
El PSOE recupera también en sus enmiendas el uso del IPC como mecanismo de actualización automática de la renta, para evitar "conflictos"; prevé que los discapacitados y los mayores de 70 años puedan realizar obras de adaptación en la vivienda, previo aviso al propietario y reponiendo el estado anterior si así se exige --el PP recoge en una enmienda la previsión para los minusválidos pero no para los ancianos--; y precisa que los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta ley no estarán sujetos a la misma "hasta su completa extinción".
Finalmente, parte de las enmiendas socialistas son técnicas y otro bloque propone cambios en los artículos referidos a la flexibilización del régimen fiscal del Impuesto de Sociedades aplicable a los arrendatarios, a la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) y al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que el PP cancelará porque estas medidas ya están incluidas en la Ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas aprobada el año pasado.
