“La regulación del precio del alquiler producirá un efecto contrario al pretendido por el Gobierno”, aseguran
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) tacha de “negativa” la introducción de limitaciones por parte del poder ejecutivo a la libertad de pactos en la fijación de la renta. Puesto que, a su parecer, va “totalmente en contra de la ley básica y natural para la relación contractual de arrendamientos sobre viviendas, que deja que las partes pacten libremente la renta a pagar por el arrendatario a la propiedad de la vivienda”.
“Estos límites producirán el efecto contrario al pretendido por el Gobierno”, ha indicado la presidenta de CAFMadrid, Isabel Bajo. “Es el propio mercado inmobiliario el que debe regular el precio y que el importe de las rentas sea determinado por la ley de la oferta y la demanda”, ha matizado.
De esta manera, CAFMadrid se suma a la Comunidad de Madrid en su negativa a asumir esta competencia. “De aceptarse esta limitación de precios se crearía una inseguridad jurídica total y absoluta en el mercado de alquileres, que llevaría inevitablemente a la retirada de un importante número de viviendas”, comenta Bajo. El organismo toma esta decisión a pesar de que el Tribunal Constitucional ha avalado la creación de un índice de precios del alquiler.
“En la actualidad lo que se pretende es limitar la renta imponiendo unas cantidades previstas para cada finca y zona, lo que llevará indudablemente a la preocupación de los arrendadores, en su mayoría pequeños ahorradores, que al ver que no les es rentable el alquiler de las viviendas, las sacarán a la venta”, argumentan desde CAFMadrid. Ponen el ejemplo de París y la “Ley Alur”, que provocó la salida de 20.000 inmuebles del mercado de alquiler.
En este sentido, CAFMadrid propone como solución la puesta en marcha de un Registro de Morosos del Alquiler, contemplado en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, pero que todavía no ha sido desarrollado.
“Este registro permitiría acreditar al arrendador que su futuro inquilino no ha sido condenado por impago de rentas, aportaría una mayor seguridad jurídica y favorecería la salida de viviendas vacías al mercado de arrendamiento de larga duración. Como consecuencia, habría una mayor oferta que redundaría en un equilibrio de precios”, explica Isabel Bajo.