Un pacto del Gobierno con ERC y BILDU desbloquea la Ley de Vivienda

Tras más de dos años de negociaciones, de modificaciones en el texto y de lanzamiento de ‘globos sonda’ para tomar el pulso a la opinión pública, el Gobierno por fin ha desbloqueado la Ley por el Derecho a la Vivienda. Este viernes 14 de abril, el ejecutivo cerraba un pacto con ERC y Bildu (dejando fuera a Unidas Podemos) que permitirá dar por concluida la tramitación de la norma en el Congreso.Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez pusiera en marcha el proyecto de esta ley, han pasado más de dos años llenos de rumores, silencios y discrepancias. Primero, las desavenencias en el seno del ejecutivo impidieron que se aprobara el texto de la ley por el propio gobierno hasta febrero de 2022. Y después han pasado otros 14 meses hasta que ha llegado a un acuerdo con sus socios de investidura.Una de las medidas más controvertidas que introducirá la Ley por el Derecho a la Vivienda es que el número máximo de inmuebles que convierte a su propietario en un gran tenedor podrá rebajarse de 10 a cinco. Esta decisión será competencia de las comunidades autónomas que, según el texto de la norma, lo harán atendiendo a sus realidades y en función de sus competencias.En lo que respecta al mercado del alquiler, una vez que la ley entre en vigor se eliminará el Índice de Precios de Consumo (IPC) como la referencia oficial a la hora de actualizar anualmente los contratos de alquiler. Es decir, los propietarios ya no podrán fijar la subida del alquiler que pagan sus inquilinos en base al aumento generalizado de los precios de todos los demás bienes y servicios que se venden y prestan en España. Esa subida queda fijada en un 2% este año y un 3% en 2024, y se espera que para entonces se haya fijado un nuevo índice que determine el incremento máximo de las rentas. En las llamadas “zonas tensionadas”, todos los inmuebles se someterán a la regulación de los precios, tanto si se trata de nuevos contratos como de contratos de inmuebles que ya están en el mercado, y tanto si son de pequeños propietarios como de grandes tenedores.Los inquilinos de los pisos de alquiler son los grandes beneficiados con el texto definitivo de la Ley de Vivienda. La norma introduce una serie de medidas orientadas a su protección, como que los gastos generados por el alquiler, incluyendo los honorarios inmobiliarios, correrán a partir de ahora a cargo del arrendador. Además, las subidas en las rentas por la vía de nuevos gastos quedan prohibidas, de tal manera que el propietario no podrá aumentar el precio del alquiler argumentando que el inquilino debe correr con las tasas de basura o los gastos de la comunidad de vecinos.También hay espacio en la Ley de Vivienda para abordar la peliaguda cuestión de los desahucios. Para empezar, quedan prohibidos aquellos que no tengan fecha y hora predeterminada. Por último, las personas en riesgo de desahucio podrán acceder a realojamientos o alquileres sociales bonificados, cuyos costes serán subsanados con los fondos de los planes estatales de vivienda.

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