Sareb y la Xunta de Galicia han formalizado la venta de 40 viviendas repartidas en 16 municipios gallegos para incrementar el parque de vivienda social en la comunidad autónoma. Con esta operación, ambas partes dan un paso más en la cooperación con la que venían trabajando desde el año 2015 en el ámbito del alquiler social.
La inversión del Gobierno autonómico en esta adquisición se aproximará a los 3,5 millones de euros. Es una cuantía que Sareb destinará al repago de su deuda.
De este modo, esta venta es un ejemplo más de cómo Sareb cumple con un doble mandato económico y de sostenibilidad. Con la venta avanza en la desinversión de sus activos para reducir la deuda avalada por el Estado y lo hace bajo el principio de utilidad social al poner a disposición de las Administraciones públicas sus viviendas para destinarlas a alquiler social.
De las 40 viviendas compradas por la Xunta para destinarlas al alquiler, nueve se encuentran en la ciudad de Vigo y una en La Coruña. El resto están repartidas en los municipios de Arteixo, Cedeira, Cee, Culleredo, Lalín, Miño, Narón, Poio, Ponteareas, Porriño, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda y Vilagarcía de Arousa.
Todas ellas son viviendas que llevan años destinadas al alquiler social bajo el paraguas de un convenio firmado entre Sareb y la Xunta de Galicia que vencía en 2023.
La venta firmada en Galicia se produce pocas semanas después de que Sareb diera el primer paso para formalizar una operación similar de gran envergadura en la Comunidad Valenciana con un acuerdo para vender en torno a 500 viviendas a la Generalitat Valenciana para incrementar su parque de vivienda social.
El objetivo de Sareb es extender este tipo de acuerdos a otras comunidades autónomas. Para ello, está trabajando de manera coordinada con distintas Administraciones públicas para valorar sus necesidades e identificar los activos que se podrían poner en venta en sus territorios para aumentar el parque público de vivienda destinada al alquiler social.
Junto a ello, Sareb sigue avanzando en su modelo de gestión de las familias vulnerables que residen en sus viviendas y tiene en marcha programas de acompañamiento socioeconómico para ayudar a esas personas a superar la situación de exclusión en la que se encuentran.