El acuerdo pauta la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietarios
El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para dar próximamente luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y también a la Ley de Vivienda, que tenía que haberse aprobado hace siete meses.
Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, los dos socios de gobierno han cerrado su acuerdo, que pauta la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).
Este pacto permitirá al Gobierno aprobar próximamente sus cuentas, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no podrá llevarlas al Consejo de Ministros de este martes. No obstante, fuentes de Moncloa ya señalaron la semana pasada que contaban con aprobarlas, como tarde, la segunda semana de octubre, para que diera tiempo a tenerlas vigentes en 2022.
El PSOE y Unidas Podemos comenzaron en verano a negociar el detalle de los nuevos Presupuestos y, en ese contexto, los morados volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar ya la ley de vivienda, con la regulación de los alquileres incluida, como condición para dar su apoyo a las cuentas públicas, al igual que ya hicieron el año pasado.
De hecho, en 2020 el acuerdo de Presupuestos se cerró a última hora de la noche del día antes de aprobarse en el Consejo de Ministros, después de que Unidas Podemos lograra un compromiso por escrito del PSOE para impulsar, en el plazo de tres meses, una nueva ley de vivienda que incluyera esa regulación de los alquileres.
La negociación de esa norma se ha alargado sin embargo mucho más de lo acordado, por la negativa del PSOE a aceptar la fijación de topes a los precios de los alquileres, y por el rechazo de Unidas Podemos a la propuesta de los socialistas de ofrecer incentivos fiscales como mecanismo para lograr un descenso de los precios.
Así, ante la falta de avances, los morados volvieron a poner como condición para aprobar los Presupuestos la ley de vivienda y la regulación de los alquileres; una condición que el PSOE había rechazado hasta ahora, al entender que una norma tan importante como las cuentas públicas no se podía ver afectada por ninguna otra negociación. Finalmente, ha sido Moncloa quien ha informado de que se ha llegado a un acuerdo que afecta a ambas cuestiones.