Los partidos políticos, favorables a un pacto de Estado por la vivienda propuesto por AGV

La Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV) ha reunido a los principales partidos políticos en un encuentro celebrado en Madrid en el que todos han mostrado su disposición a alcanzar un gran pacto de Estado por la vivienda

29 de noviembre de 2018.- El sector de la vivienda en España requiere de medidas urgentes para evitar una situación de colapso, a juicio de la  Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), quien ha definido diez medidas urgentes para llevar a cabo en el corto plazo que son necesarias para hacer frente a una situación de consecuencias impredecibles. Para presentar estas medidas, la AGV ha organizado en Madrid el encuentro “10 medidas urgentes para la vivienda”. En el que se han dado cita el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Javier Martín y representantes de los principales partidos nacionales: Beatriz Corredor, exministra de Vivienda y secretaria federal de Vivienda del PSOE, Ana Zurita, diputada del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife y portavoz en la Comisión de Fomento, Miguel Ángel Garaulet, diputado de Ciudadanos por Murcia y portavoz en la Comisión de Fomento y Pilar Garrido, senadora de Unidos Podemos por Guipúzcoa y portavoz en la Comisión de Fomento. El objetivo era conocer las diferentes propuestas de los partidos en materia de vivienda y acercar posturas que se traduzcan en acciones concretas y realistas. Tras un intenso debate en el que se han abordado las cuestiones más importantes del sector, los partidos políticos han reconocido su disposición a alcanzar un gran pacto de Estado por la vivienda ante el interés mostrado por AGV ante tal posibilidad. Este pacto de Estado debe abordar, tal y como ha planteado la AGV en el encuentro, cuestiones imprescindibles para la buena salud de la vivienda. Juan José Perucho, presidente de AGV, ha subrayado la difícil situación del sector y ha enumerado las diez medidas urgentes que propone la Asociación, entre las que se encuentran las siguientes: revisar el obsoleto sistema de protección con el objetivo de que salga al mercado un mayor número de viviendas asequibles que permita acceder a la vivienda a colectivos que a día de hoy tiene prácticamente vetado el mismo, como los jóvenes y los sectores desfavorecidos; contemplar la cesión de suelo que permita que la escasa oferta actual de vivienda nueva se equilibre con la gran demanda existente y que de esta manera los precios dejen de subir primero para descender de manera lógica después; una actuación urgente para fomentar la formación de mano de obra cualificada, permitir la llegada de trabajadores especializados del extranjero de una manera controlada y favorecer la modernización de los procesos industriales; abordar el problema de la financiación, pues los bancos no van a poder atender toda la demanda necesaria y hay que abrir otras vías para la captación de fondos y llevar a cabo una acción inmobiliaria global para contener la crisis alcista del mercado del alquiler. En su exposición, Javier Martín, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, ha subrayado que se ha encontrado un escenario en el que existe un amplio consenso acerca de la necesidad de poner en marcha una serie de medidas e incluso en buena parte del contenido de las mismas. “Una de las conclusiones que hemos sacado es que para la recuperación del sector y para reconstruirlo de una manera adecuada, necesitamos la complicidad y la acción de todos”, ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que “la Administración tiene que establecer un marco jurídico y técnico que no establezca barreras y sea propositivo”. En cuanto a las situaciones que causan preocupación, ha destacado la reestructuración que tiene que llevar a cabo el sector, la resignación que existe acerca de la inevitabilidad de los picos de producción, la apuesta por la rehabilitación, la adaptación para cumplir los compromisos europeos de eficiencia energética, la necesaria transformación que tiene que llevarse a cabo en las políticas de vivienda pública y la actuación en el mercado de alquiler de viviendas. Javier Martín ha asegurado que en el grupo de trabajo que el Gobierno ha creado para estas cuestiones se están abordando estos aspectos con el objetivo de adaptar la legislación en lo que sea necesario. La exministra de Vivienda y secretaria federal de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, se ha mostrado también de acuerdo en la idoneidad de alcanzar un gran pacto de Estado en el sector de la vivienda, si bien ha realizado una valoración realista de su dificultad por la coyuntura política. Corredor ha abordado las diferentes cuestiones que ha planteado la AGV y ha puesto de manifiesto la complicada situación. Por un lado, ha asegurado que es necesario poner en marcha medidas urgentes en el corto plazo para evitar otra nueva crisis, pero al mismo tiempo hay que abordar el problema con una perspectiva más global, puesto que, según sus palabras, “la vivienda es el eje de una existencia digna y estable” y las generaciones futuras  van a tener que soportar una situación extremadamente precaria si la situación sigue como hasta ahora. La exministra se ha mostrado partidaria de equilibrar la concepción de la vivienda en sus dos variantes, tanto como derecho fundamental de las personas a tener una vivienda digna como en su concepción como un bien de carácter económico. En este sentido, en lo que respecta a la necesidad de establecer vivienda asequible, ha destacado el esfuerzo que tienen que realizar los jóvenes en su renta a la hora de poder alquilar o comprar. Entre otras cuestiones, Beatriz Corredor ha afirmado que existe una falta de oferta de vivienda que debe ser abordada, que hay que promover una colaboración público-privada para buscar vías de financiación a corto y medio plazo tanto mediante fondos de inversión como en el mercado de valores, así como facilidades para destinar por parte de la Administración suelo de reserva destinado a la vivienda así como ayudas a los promotores y fórmulas para abaratar los costes, modificar las leyes esenciales de proyectos urbanísticos para que proporcione seguridad jurídica al sector , potenciar el alquiler estable frente al turístico, aumentar el presupuesto destinado a este sector por parte del Estado e incentivar herramientas para llevar a cabo la rehabilitación de viviendas. Según Beatriz Corredor, estos aspectos se han trabajado en la proposición de Ley que ha presentado el PSOE junto con Podemos en el Congreso y que recoge buena parte de los contenidos de la proposición que en su día llevó a cabo el Gobierno del PP con el ministro Íñigo de la Serna a la cabeza. La representante del PP, Ana Zurita, ha afirmado que sin duda pueden los partidos llegar a un pacto de Estado por la vivienda porque todos los grupos políticos coinciden en el diagnóstico de que España tiene ahora mismo un grave problema de vivienda. “Apostaría por un Pacto de Estado por la Vivienda pero que tiene que tener un triple equilibrio: uno entre la oferta y demanda de la vivienda, otro entre el panorama actual de los arrendatarios y los arrendadores para solucionar el problema del alquiler, y un tercero entre el derecho constitucional a la vivienda y el derecho a la propiedad”, ha propuesto la diputada popular. Zurita ha subrayado la necesidad de revisar el concepto de vivienda de protección oficial porque al ser viviendas que terminan siendo propiedad de los ciudadanos, no fomentan el establecimiento de un parque de viviendas públicas que pertenezcan a la Administración y que atiendan las necesidades de los ciudadanos. En sentido ha afirmado que hay que equilibrar esta cuestión con el derecho a la propiedad. En cuanto al incremento de los precios, según Ana Zurita esta cuestión debe atajarse mediante el aumento de la oferta con la habilitación de suelos en aquellos lugares donde sea necesario. “En estos momentos, más de la mitad de las operaciones urbanísticas de licitación de suelo en España se están produciendo en regiones donde hay un decrecimiento de la población”, ha asegurado. También ha abogado por la colaboración pública y privada entre tenedores y promotores. En lo que respecto a la escasez de mano de obra, ha apostado por formar a profesionales especializados en nuevos métodos de construcción más eficiente, al mismo tiempo que se sigue formando en métodos más profesionales. En este sentido, ha abogado por planes formativos en Formación Profesional específicos y de acuerdo con las organizaciones profesionales. En cuanto al pacto de Estado por la vivienda, ha asegurado que, aunque la situación política en España es de una gran inestabilidad, cree que es posible llegar a amplios acuerdos para abordar las dificultades del sector. Pilar Garrido, senadora de Unidos Podemos por Guipúzcoa y portavoz en la Comisión de Fomento, ha subrayado la importancia de la concepción de la vivienda como un derecho fundamental para las personas y ha señalado tres vías en las que es necesario trabajar. Por un lado, en el ámbito de la vivienda social, para los sectores más desfavorecidos económicamente de la sociedad española. Por otro, en el ámbito de la vivienda asequible, en cuanto al acceso a la vivienda por parte de gran parte de la clase media española que en estos momentos –sobre todo por parte de los jóvenes- tienen cada vez más difícil su acceso y, por último, en el ámbito de la vivienda libre, donde no sería tan necesaria una actuación urgente. Según Pilar Garrido, es en el segundo ámbito, en el de la vivienda asequible, en el que se requiere en estos momentos una mayor actuación. En este sentido, ha propuesto la necesidad de hacer una estadística que refleje los datos de viviendas vacías en España, con la intención de poner en marcha mecanismos que promuevan su salida al mercado, así como la puesta en marcha de un plan de vivienda pública que permita ampliar el número de viviendas en propiedad por parte de la Administración Pública y el fomento de la rehabilitación. Según la representante de Podemos, no es tanto una cuestión de construir más viviendas como se ha hecho en otras ocasiones, puesto que en los tiempos previos a la crisis había un gran pico de construcción que no solucionó el problema. Garrido ha abogado por buscar financiación para poner en marcha dotaciones habitacionales para adaptarse a los cambios sociales y fomentar otro tipo de fórmulas de acceso a la vivienda. Por último, ha asegurado que hace falta una profesionalización en el sector del alquiler que podría traducirse en la creación de gestoras, que ayudarían a proponer actuaciones más concretas en este mercado. Por último, Miguel Ángel Garaulet, diputado de Ciudadanos por Murcia y portavoz en la Comisión de Fomento, se ha mostrado también muy dispuesto a alcanzar un gran pacto entre todos los partidos que tenga un largo alcance y que pueda establecerse a lo largo de diferentes legislaturas. También ha reafirmado su concepción de la vivienda como un derecho y ha asegurado que se podría reformar el Código Civil en este sentido para definirlo como un bien con características propias. El representante de Ciudadanos ha insistido en la necesidad de que se promueva la seguridad jurídica por parte de la Administración Pública para establecer garantías para todos los actores. También ha apostado por la rehabilitación, al mismo tiempo que ha abogado por un estudio riguroso del suelo urbanístico disponible por parte de los Ayuntamientos, porque existe una situación un tanto caótica en este sentido y es necesario que se libere suelo en aquellos lugares en los que sea verdaderamente necesario. Garaulet también ha subrayado la necesidad de fomentar el alquiler con garantías “porque el equilibro entre propiedad y alquiler en España debe asemejarse a otras ciudades europeas” y ha instado al sector a abogar por otras vías de financiación diferentes a los bancos para solucionar el problema que se está produciendo en estos momentos y que puede crecer en el futuro.