-
La ejecución del Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste de Madrid conllevaría una indemnización de 1.580 millones de euros para las juntas de compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros, según un informe pericial solicitado por estos desarrollos urbanísticos
-
La potencial indemnización supondría el 34% del presupuesto anual del Ayuntamiento
16 de mayo de 2018.- La ejecución del Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste de Madrid aprobado por el Ayuntamiento de Madrid ocasionaría una indemnización global por parte del consistorio de 1.580 millones de euros a favor de las Juntas de Compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros, según el dictamen de valoración elaborado por los peritos independientes expertos en valoraciones urbanísticas Federico García Erviti y Gerardo Roger Fernández Fernández, realizado a petición de las Juntas de Compensación.
Las indemnizaciones ascienden a 642,4 millones en el caso de Los Berrocales, de 755,3 millones para Valdecarros y 182,1 millones para Los Cerros. Dichas Juntas interpusieron el pasado mes de abril un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid que aprobó dicho Plan Director. También han solicitado al juez las correspondientes medidas cautelares.
Por su parte, Antonio Gómez Cid, asesor jurídico de la Juntas de Compensación afectadas entiende que el plan director “es un documento de directrices políticas” que carece de validez jurídica sobre el diseño de los planes urbanísticos y que está sustituyendo la normativa en vigor, como es el planeamiento de 2013 e incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que a su vez fue validada por el Tribunal Supremo en 2016.
La indemnización solicitada vendría motivada por los costes y gastos realizados por las Juntas que resultarían inútiles y porque se impediría a los propietarios de suelo a participar en los desarrollos urbanísticos que ya se habían iniciado acorde al planeamiento vigente. El coste global de las indemnizaciones equivaldría a un 34% del presupuesto anual del Ayuntamiento.
Además, al coste de la indemnización global, habría que sumar otros costes para el Ayuntamiento e, indirectamente, para todos los madrileños, como las pérdidas de puestos de trabajo, beneficios derivados de la atracción de funciones terciarias y de capitales, reducciones en el PIB y en las rentas generadas, así como el impacto económico en las haciendas públicas tanto municipal, autonómica y estatal.
Por otro lado, también se añadirían las indemnizaciones que pudieran exigir de forma individualizada los alrededor de 1.000 propietarios de las Juntas de Compensación por los impuestos pagados a lo largo de estos años en relación a suelos urbanizables cuya clasificación se modificaría. A todo ello, habría que sumar la renuncia por parte del Consistorio a conseguir los ingresos patrimoniales que dejaría de percibir al modificar la clasificación de dichos terrenos: porcentaje de participación pública en las plusvalías, los impuestos sobre construcciones, IBI, actividades económicas, etc.
Consecuencias: menos suelo para viviendas y alzas de precios
Este plan director, que propone disolver las Juntas de Compensación de Valdecarros y Los Cerros, así como la modificación sustancial del planeamiento de Berrocales, supondría la paralización de todos estos desarrollos por un largo periodo de tiempo y obligaría a una modificación del Plan General.
La estrategia del sureste contempla el desarrollo de 54.000 viviendas protegidas a lo largo de 30 años, por lo que el presidente de la Asociación de Promotores inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), Juan Antonio Gómez-Pintado ha asegurado que la aplicación del plan director genera "inseguridad jurídica" en la ciudad en un momento en el que existe una descompensación entre la oferta y la demanda de vivienda en Madrid y cuando muchos fondos de inversión están interesados en invertir en la capital Además, a su juicio la decisión del gobierno municipal "echa por tierra" el trabajo realizado durante 20 años para desarrollar estos ámbitos con "muchos millones de euros enterrados" en la definición de los proyectos y en los trabajos de urbanización. A su vez, recalca que "se paraliza la gran bolsa de suelo finalista para vivienda dirigida a las capas sociales más desfavorecidas", lo que llevará a un aumento de los precios del suelo y de la vivienda”. Además, según Gómez-Pintado, se “expulsará de Madrid a miles de ciudadanos que quieren vivir en la capital”.