La ordenación urbanística en España no es operativa y provoca inseguridad jurídica

Jornada organizada por ASPRIMA con expertos urbanistas

26 de febrero de 2018.- El sistema de planificación urbana que tenemos en España es uno de los más perfectos sobre el papel, pero tan complejo y lento que es inoperativo en muchos casos y provoca situaciones de incertidumbre jurídica. Esta es una de las reflexiones que se han vertido hoy en la primera de las tertulias urbanísticas organizadas por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), bajo el título “La inseguridad jurídica en el urbanismo”, que ha contado con la intervención de los catedráticos de Derecho Administrativo Luciano Parejo y Antonio Jiménez Blanco, y el abogado urbanista y consultor de Uría Menéndez, Felipe Iglesias.

Control  jurisdiccional de la legalidad del planeamiento

La jornada ha tratado, en primer lugar, sobre el control jurisdiccional de la legalidad del planeamiento urbanístico y el carácter insubsanable de la nulidad de los planes. En este sentido, las sentencias judiciales provocan el fenómeno conocido como “mortalidad judicial de los planes” y están en el origen de la muy frecuente paralización de la actividad urbanística. Una sentencia en contra de un plan general obliga a volver a empezar, muchos años después, a tramitar la ordenación del mismo ámbito, posiblemente en un marco normativo y urbanístico diferente. “Estas sentencias anulatorias ponen al sistema en una crisis muy aguda porque hay que volver empezar todo el proceso y eso puede llevar 20 o 25 años, con lo que se provoca una situación grave de incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha señalado Luciano Parejo.

La excesiva duración de la ordenación urbanística

A continuación se han abordado los problemas que genera la duración excesiva de la tramitación de los instrumentos de ordenación. En este sentido,   la divergencia entre las circunstancias contempladas cuando comienza a gestarse un plan general y las sobrevenidas en el momento de su ejecución explica la parálisis frecuente de las actuaciones urbanísticas y, con ella, la falta de respuesta oportuna y eficaz frente a los problemas que el plan trata de resolver, con el consiguiente daño para el interés general y los ciudadanos. “los planes regulan la oferta para atender una demanda que, por de definición es cambiante”, afirma Jiménez Blanco, quien señala además que “la tecnología ha acelerado la vida y los procedimientos y eso es absolutamente incompatible con los ritmos administrativos y judiciales actuales. El gap se ha agravado ostensiblemente”. Por su parte, Luciano Parejo añade que “hemos de ir a planes más flexibles y con menos contenido, hay que simplificar los planes urbanísticos”

El caso de la Operación Chamartín

El caso de la Operación Chamartín, en Madrid, ha protagonizado el tercer punto del debate. Este es un perfecto ejemplo de la situación que se ha planteado en la jornada. Se cumplen 25 años desde que se puso en marcha el proceso urbanístico y la actuación se encuentra bloqueada tras la aprobación en 1997 del PGOUM, la aprobación en 2002 de la Modificación Puntual del mismo, la aprobación definitiva en 2011 del PPRI, la anulación judicial en 2013 de dicho PPRI y la denegación en 2016 de la Revisión del PPRI aprobada inicialmente en 2015 por el Ayuntamiento de Madrid. “Tenemos una evidente herida urbana en la parte norte de Madrid y no parece razonable que esta situación se perpetúe”, opina Felipe Iglesias. Por su parte, Luciano Parejo ha recordado que la Operación Chamartín ha visto dilatados sus plazos y en ese tiempo cambia todo alrededor, “es imposible que una ciudad ejecute al pie de la letra todo el planeamiento, hay que hacer interpretaciones flexibles”, afirma. También señala que “en el caso de la Operación Chamartín hay un problema en la elección de la figura del planeamiento y otro que demuestra que la figura del contencioso administrativo  no ha resuelto en modo alguno la situación, uno y otro han abocado a la situación actual de este desarrollo urbanístico”. En este sentido, Antonio Jiménez Blanco ha apuntado que “la Operación Chamartín es el paradigma del urbanismo en España, aunque es verdad que no todos los proyectos en nuestro país duran 25 años como éste”. “La situación se ha desbordado y en este proyecto ha habido una especie de conjunción astral de desgracias para bloquearlo”.

Difícil solución con los esquemas actuales

Por último, se ha planteado cómo se podría solucionar esta difícil situación. La responsabilidad de la situación actual del urbanismo es de los legisladores a nivel estatal y autonómico, de la Administración municipal y de los Tribunales de Justicia. Se ha apuntado que la solución pasa por la puesta en práctica de medidas legislativas y de otro orden que abran nuevos caminos para acometer reformas de calado, tanto administrativas como judiciales, encaminadas a agilizar los plazos, acometer planeamientos más flexibles y dotar de seguridad jurídica a todo el proceso. No obstante, los tres expertos no se muestran en absoluto optimistas y ponen en evidencia problemas de fondo como el hecho de que “el 80 por ciento de los municipios son incapaces de planificar”, como señala Parejo; o que “las comunidades autónomas estén reivindicando competencias y cuando las tienen, como es el caso de la ordenación del territorio, no las ejecutan”. Para Felipe Iglesias “seguimos con el mismo esquema mental y administrativo, incluso  en nueva normativa en preparación como la futura ley del Suelo de la Comunidad de Madrid”.