Asociaciones empresariales y organismos profesionales de Barcelona reclaman mejorar la capacidad de gestión y coordinación entre administraciones y recursos económicos
Después de dos años desde que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, esta normativa no ha supuesto ninguna mejora en el parque público de vivienda de la ciudad. Así lo destacan en un comunicado conjunto la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.
En el comunicado se afirma que desde que se aprobó la modificación del PGM, no se han hecho públicos datos de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%. “Unos datos que entidades del sector hemos pedido en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Barcelona, sin conseguir ninguna respuesta”, reclaman los firmantes del documento. Del mismo modo, estas entidades también quieren denunciar que en estos dos años de vigencia de la normativa no se ha reunido nunca la Comisión de seguimiento y evaluación de la implementación de la MPGM para la obtención de vivienda de protección pública al suelo urbano consolidado e impulso de nuevas medidas para ampliar la vivienda asequible de alquiler en Barcelona.
Impacto negativo de la modificación del PGM
Las entidades firmantes reiteran las connotaciones negativas que esta regulación está teniendo sobre el mercado de la vivienda en Barcelona, y quiere recordar algunos de los efectos adversos que la modificación del PGM está produciendo, como son las consecuencias económicas negativas; la reducción del valor del suelo y de las edificaciones existentes (en torno al -26% de media), o los efectos negativos en la rehabilitación del parque edificado, al hacerla en muchos casos inviable económicamente.
Desequilibrio entre oferta y demanda, origen del problema de acceso a la vivienda
Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias tienen su origen en el grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas muy diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. También quieren recordar que, según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección oficial, por lo que “movilizar estas reservas es imprescindible para incrementar la oferta de vivienda asequible”, aseguran los firmantes del comunicado.
Estas entidades reclaman que lo que se necesita para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias “es capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos, y no la continua reforma normativa que crea inseguridad jurídica e imposibilita la planificación y no da ningún resultado positivo”.