Fomento y comunidades autónomas acuerdan el reparto de los fondos para la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018- 2021
En la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que se ha celebrado en Madrid, presidida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna
15 de marzo de 2018.- La primera Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo se ha r
En la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que se ha celebrado en Madrid, presidida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna
15 de marzo de 2018.- La primera Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo se ha reunido en Madrid presida por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna y con la asistencia de los consejeros competentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La reunión ha tenido lugar tras la aprobación, el pasado 9 de marzo, del . En el marco de la conferencia, los consejeros de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla han aprobado la distribución territorial de los recursos que el Estado destinará a las subvenciones reguladas por el nuevo plan.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones de euros. Este importe arroja un incremento del 62,46% con respecto a la dotación presupuestaria de los ejercicios correspondientes al plan 2013- 2016 (888 millones de euros).
El nuevo plan, como los anteriores, será gestionado por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A tal efecto, el Ministerio de Fomento firmará convenios de colaboración con cada administración autonómica para su ejecución.
En virtud del nuevo Plan de Vivienda, se conceden ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumados los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Estas ayudas serán de hasta el 50% de la renta y para alquileres de hasta 600 euros/mes o, en algunos supuestos, hasta 900 euros/mes.
El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40% de la renta. Este porcentaje se eleva hasta el 50% para los menores de 35 años y los mayores de 65.
Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos 5.000 habitantes, lo que ayudará a reducir la despoblación en el ámbito rural.
Además, se conceden ayudas de hasta el 100% de la renta a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual para el alquiler de viviendas disponibles de las entidades financieras u otros propietarios.
También se conceden ayudas a la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, para destinarlas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.
Asimismo, el plan recoge ayudas a la rehabilitación edificatoria: mejora de la eficiencia energética, conservación y mejora de la accesibilidad de viviendas y edificios. Estas ayudas, con carácter general, serán de hasta el 40% de la inversión. Si los ingresos de la unidad de convivencia son inferiores a 3 veces el IPREM pueden llegar hasta el 75%. En los supuestos de mejora de la accesibilidad también pueden llegar hasta el 75% si el beneficiario es una persona mayor de 65 años o con discapacidad.
Además, se conceden ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural. Se hace especial referencia a los supuestos de infravivienda y chabolismo.
Las ayudas a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbana y rural se orientan a la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestras ciudades y viviendas.
Por otro lado, también se dan ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad con objeto de destinarlas al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años. Se trata de viviendas con instalaciones y servicios comunes adaptados y con alquiler limitado. Están destinadas a arrendatarios con pocos ingresos.
La inversión global inducida se estima en 3.047 millones de euros y permitirá la creación de 60.320 puestos de trabajo.
Se prevé que durante la vigencia del plan se financien en torno a 690.000 ayudas, entre ellas, la rehabilitación de 187.590 viviendas y 346.775 ayudas al alquiler, así como 132.677 familias que se beneficiarán de ayudas de subsidiación.
Agenda Urbana Española
También, en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presentado los trabajos realizados a nivel interno por el Ministerio para desarrollar una Agenda Urbana para España.
La Agenda Urbana para España compartirá los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, teniendo como referentes las dos Agendas Urbanas internacionales: la de las Naciones Unidas y la de la Unión Europea, ambas aprobadas en 2016.
La Agenda Urbana quiere convertirse en un marco estratégico que permita impulsar el desarrollo de los pueblos y ciudades de acuerdo con objetivos sociales, económicos y medioambientales, debidamente integrados.
Para ello, el ministro de Fomento ha pedido colaboración a los consejeros de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, así como a los representantes de la FEMP presentes en la Conferencia Sectorial.
La implicación de todas las Administraciones Públicas, cada una de ellas en su propio ámbito de competencia, es clave para el reto de una Agenda Urbana que tenga en cuenta amplios intereses y, sobre todo, incluya un verdadero Plan de Acción que, desde la responsabilidad compartida, se oriente a conseguir ciudades y entornos urbanos más competitivos, justos, inteligentes, verdes, menos congestionados a causa de la excesiva movilidad motorizada, con más espacios de disfrute para el ciudadano, una mejor calidad del aire y una buena gobernanza. Esta última no sólo desde el punto de vista de la transparencia y la eficiencia de los diferentes gobiernos, sino también, y pensando en las personas, desde la participación real y efectiva de la ciudadanía.
Por ello, está previsto que la Agenda se abra también al sector profesional y al sector privado relacionados con los temas urbanos, al tercer sector, a la sociedad civil y a las universidades, una vez que el proceso de coordinación interadministrativa esté finalizado.