El informe enviado a todos los partidos políticos catalanes con representación parlamentaria responde al espíritu de satisfacer el derecho a la vivienda
El sector inmobiliario catalán ha elaborado un documento de propuestas de acción de Gobierno en materia de políticas públicas de vivienda ahora que comienza una nueva legislatura. El informe enviado a todos los partidos políticos catalanes con representación parlamentaria responde al espíritu de satisfacer el derecho a la vivienda que, sin duda, es uno de los principales problemas sin resolver adecuadamente y que precisa de la concentración de todos los actores intervinientes para encontrar las mejores y más diversas soluciones.
En concreto, firman el documento el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Consejo de Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Cataluña
Estas entidades destacan que la mayoría de las medidas aprobadas durante esta última década, tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, comportan obligaciones de gran impacto para los privados, siendo estos los que acaban asumiendo la responsabilidad de la ejecución de políticas asistenciales propias de la Administración. Esta es la razón por la que las 12 propuestas de acción planteadas a los grupos políticos que configuran el Parlamento de Cataluña quieren corregir esta situación.
La primera actuación va encaminada a crear y asegurar un marco regulador estable que ofrezca seguridad jurídica para todas las partes, al mismo tiempo que permita la celebración de las actuaciones de inversión en el sector de la construcción residencial de manera sostenible. La segunda se focaliza en las preasignaciones presupuestarias para las políticas de vivienda, que deben incrementar su peso en el presupuesto catalán hasta representar el 1,5% del PIB. En definitiva, se pretende que a largo plazo se garantice un incremento suficiente de los recursos de la Generalitat en materia de vivienda.
La tercera acción es impulsar un acuerdo de colaboración público-privada para el relanzamiento sostenible de la promoción de vivienda nueva. Se plantea un acuerdo plurianual entre el sector y la Administración, que establezca los canales y las medidas de colaboración para la promoción de vivienda a precio asequible y social. En este sentido, sería absolutamente necesario alcanzar ciclos de promoción de hasta 25.000 viviendas anuales de diversa tipología, libres y protegidos, en régimen de acceso en alquiler, venta, derecho de superficie y cesión de uso o copropiedad. Conseguir esta cifra de viviendas generaría más de 60.000 puestos de trabajo y una recaudación fiscal para el conjunto de las Administraciones superior a los 1.500 millones de euros.
Movilizar suelo de reserva destinado a vivienda social, otra propuesta
Por lo que respecta a la cuarta acción propuesta, la protagonista sería la movilización del suelo de reserva destinado a vivienda asequible y social, evaluando cuáles son las actuaciones más eficientes para acelerar la creación de una oferta numerosa de este tipo de vivienda. La quinta actuación plantea que la Administración desarrolle instrumentos no coercitivos para avanzar hacia el derecho subjetivo de la vivienda, en línea con lo implantado en Francia o el País Vasco. Desde la acción pública, sin interferir ni ir en detrimento de los derechos de los titulares del parque de viviendas privado, deberían buscarse fórmulas y recursos suficientes para promocionar el hogar adecuado a aquellos colectivos de la población con mayor dificultad para acceder a una vivienda.
Las líneas de apoyo al acceso a una vivienda nueva configurarían la sexta propuesta de acción, que no solo debería ir a remolque de lo que pueda establecer el Plan Vivienda estatal, sino que debería contar con líneas propias con cargo a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad para el sector de reactivar la construcción residencial ante la incertidumbre del impacto del escenario post-Covid sobre la economía. En este sentido, la séptima acción propuesta pretende facilitar la aplicación de estos fondos en el ámbito de la construcción residencial, seguida de la octava, fundamentada en la adopción de medidas de simplificación administrativa para que la Administración gane en agilidad en la tramitación.
La novena propuesta busca modificar las imposiciones a los propietarios realizadas por la Ley 24/2015 y los Decretos Ley 17/2019 y 1/2020. Así, se propone abrir un diálogo con el Govern sobre la definición de “gran tenedor”, el alquiler social obligatorio, la viabilidad de las actuaciones de promoción urbanística y la protección ante la ocupación ilegal de viviendas. De acuerdo con el sector, la fórmula elegida por la Generalitat para intentar contener las rentas del alquiler se considera contraproducente para la generación del propio alquiler. De hecho, la interpretación de la ley afecta a los contratos firmados entre los años 1995 y 2015, suponiendo un grave perjuicio para todos aquellos propietarios que han puesto históricamente viviendas de su titularidad en el mercado de alquiler, de manera que aumenta objetivamente la posibilidad de que estas viviendas se retiren del mercado.
Además, la ley realiza una aplicación inadecuada del índice de referencia, ignorando aspectos esenciales que tienen un peso objetivo en la valoración que debe realizarse del precio del alquiler. Hay que añadir que el impulso por parte de la Generalitat de una normativa del alquiler catalana comporta una nova confrontación competencial considerando el acuerdo firmado en 2018 entre el Estado y la Generalitat en el que se explica que los dos gobiernos coinciden en que cualquier intento de regulación de los arrendamientos urbanos es competencia estatal. Las actuaciones décima y décimo primera se focalizan en dar marcha atrás a estas normativas por los efectos adversos sobre el alquiler y destacar que la estabilidad en las normas que regulan los contratos de arrendamiento debe tener presente que el objetivo es facilitar el derecho básico del acceso a la vivienda, respondiendo equilibradamente a las necesidades de propietarios y arrendatarios.
La última acción que plantea el documento es reclamar a los grupos parlamentarios, y muy especialmente al nuevo Govern de la Generalitat de Cataluña que, en esta nueva legislatura, se ponga en marcha una nueva política de concertación en materia del derecho a la vivienda, mediante la promoción de un nuevo Pacto Nacional de Vivienda en el que estén representados todos los actores y agentes intervinientes. Esto significa escuchar y facilitar la participación de los representantes de los propietarios y los colectivos empresariales y profesionales, que han de ser actores intervinientes juntamente con los representantes de los diferentes niveles y ámbitos de gobernanza de la administración catalana con capacidad dispositiva y/o presupuestaria en el sector de la vivienda.