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Las medidas aprobadas en el Real Decreto van encaminadas a perseguir a los propietarios en lugar de incentivar la oferta, según la patronal madrileña de promotores
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Claridad y sostenibilidad en la regulación son elementos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en el sector
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La solución no ha de basarse en un mayor intervencionismo, sino en el desarrollo de políticas que incentiven la oferta
4 de marzo de 2019.- La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, , considera que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda, aprobado el pasado viernes en el último Consejo de Ministros de la legislatura, lejos de cumplir su propósito podría agravar la situación del mercado actual del alquiler. En concreto, ASPRIMA considera que el Real Decreto no incentiva la oferta que moderaría consecuentemente los precios y si persigue a los propietarios que podrían verse inducidos a sacar sus viviendas del alquiler o a restringirlo a inquilinos con economías saneadas.
A su vez, la Asociación considera que el Real Decreto debería haberse aprobado desde el consenso y el diálogo con todos los actores sectoriales, “ya que la claridad y la sostenibilidad de la regulación son elementos fundamentales para garantizar una seguridad jurídica real en el sector”.
Mayor inseguridad jurídica
Actuar en el mercado libre sin una medida correlacionada con vivienda social y vivienda protegida asequible puede llegar a provocar una considerable distorsión para el mercado, según ASPRIMA, que considera que “no es conveniente, ni para el mercado ni para la sociedad, intervenir en los tiempos para incrementar el precio de los alquileres, que se realizará en función del IPC. En el caso de las personas físicas pasa de tres a cinco años y en las personas jurídicas se incrementa de cinco a siete años, diferenciación que no tiene sentido puesto que la naturaleza del servicio es la vivienda de alquiler y no su titularidad”.
La patronal madrileña señala que entre las diferentes medidas que se recogen en el texto, el establecimiento de un índice de precios, aunque puede aportar transparencia, también puede provocar que se limite el libre mercado ya que desincentivaría la oferta de viviendas y, por consiguiente, un incrementaría de los precios.
El Real Decreto recoge también en su texto una exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística para su regulación por las Comunidades Autónomas, “lo que está lejos de simplificar la normativa y aportar claridad al mercado”, argumentan.
Desde ASPRIMA se aboga una vez más por la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y regulatoria del sector, que garantice un equilibrio contractual real entre el inquilino y el arrendatario. “La claridad y, sobre todo, la sostenibilidad en el tiempo de las regulaciones son dos condiciones fundamentales para conseguir que ambas partes, arrendatario y arrendador, se beneficien de su acuerdo contractual. Hecho que adquiere mayor relevancia en un Real Decreto como el actual que contiene una gran cantidad de restricciones que, en última instancia, podrían hacer tambalear el equilibrio entre las partes”.
Además, los promotores afirman que la aprobación del Real Decreto puede conllevar un aumento en la desconfianza inversora. “No obstante, si la intención del Ejecutivo es reducir el papel de los fondos de inversión en el sector inmobiliario español, cabe recordar que la cuota de mercado de estas es muy reducida, en concreto, del 3%”, aclaran.
Con este escenario, ASPRIMA considera que es indispensable ajustar las diferentes medidas en materia de alquiler con el objetivo de conseguir el mayor beneficio para la sociedad, pero legislando desde la vía parlamentaria y contando con el consenso de todos los actores implicados. Para ASPRIMA la solución no pasa por un mayor intervencionismo, sino por desarrollar políticas que contribuyan a aumentar la oferta para lo que es fundamental una seguridad jurídica real en el sector. “Si miramos a Europa tenemos un mercado con mucha más oferta de vivienda en alquiler por parte de la Administración y del sector privado junto con una regulación más equilibrada entre arrendatario y arrendador”, concluyen.
