La tributación de las socimi pasará al 15% de los beneficios no distribuidos y la regulación de los precios del alquiler se desarrollará en la nueva Ley de Vivienda
Dentro de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han presentado las claves de los presupuestos generales del estado para 2021 entre las que se incluye una subida de la tributación mínima de las socimis y el anuncio del compromiso del Gobierno para incluir una regulación en el precio de los alquileres en la próxima Ley de Vivienda.
En cuanto a la fiscalidad mínima de las socimis, esta pasará del cero al 15% sobre los beneficios no distribuidos. El impacto tributario de esta medida es limitado, ya que por ley estas sociedades deben repartir al menos el 80% del beneficio entre sus accionistas y muchas de ellas superan ampliamente esta cifra. Otra cosa es la trascendencia que pueda tener de cara a los inversores internacionales.
En ese sentido, Javier Basagoiti, presidente de Asocimi ha declarado que “con independencia del impacto que pueda tener el establecimiento de un tipo de gravamen del 15% a los beneficios no distribuidos de las socimis, cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la posición competitiva de nuestros REITs frente a otros países europeos sería interpretado negativamente por los inversores que han apostado por nuestro sector inmobiliario ya que genera inseguridad jurídica e institucional”. Basagoiti añade que “el carácter estratégico y de inversión a largo plazo del negocio de las socimis exige que el marco normativo sea estable, seguro y genere confianza para garantizar que los flujos de capital siguen llegando a nuestro país y que las empresas del sector pueden acometer con solvencia sus planes de negocio, cumpliendo así con sus obligaciones con todos sus stakeholders, incluida la propia Administración Pública”.
Limitación de los precios del alquiler
Por su parte, los dos partidos que forman la coalición de gobierno han acordado llevar al Congreso antes de cuatro meses la ley que permita establecer la limitación o bajada de precios del alquiler residencial en zonas de mercado tensionadas, tanto en nuevos contratos como en los ya existentes. La medida se desarrollará en la nueva Ley de Vivienda y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, según el acuerdo, en un plazo máximo de tres meses para llevarla al Congreso y aplicarla antes del próximo mes de marzo.
Para Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), el acuerdo entre los dos partidos del Gobierno para poner en marcha una regulación de los precios del alquiler residencial supone una mala noticia para el mercado. “Este tipo de regulación conseguirá un efecto opuesto al deseado: reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica. Ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora”, asegura Toribio, quien añade que “la normativa anunciada hoy y que se incluirá en la próxima Ley de Vivienda no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Además, supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda”.