Este mandato obliga a parar las obras que aún estaban en marcha
El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado que desde el lunes 30 de marzo hasta el 9 de abril se paralicen todas aquellas actividades no consideradas esenciales para frenar la expansión del COVID-19.
Este mandato afecta directamente al sector de la construcción, que obliga a parar las obras que aún estaban en marcha, ya que la mayoría de las promotoras y constructoras habían seguido con su actividad.
El Gobierno plantea un permiso retribuido recuperable, es decir, los trabajadores no perderán su salario durante estas dos semanas, pero tendrán que recuperar las horas de trabajo perdido tras el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre.
“Estamos en la dirección adecuada, pero si somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana a los días laborables venceremos antes al virus”, sostenía Sánchez, que argumentaba que esta medida era como extender las vacaciones de semana santa durante dos semanas para conseguir la baja movilidad propia de un fin de semana.
Entre los trabajadores que continuarán trabajando se encuentra todo el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, los trabajadores de Correos, telecomunicaciones y servicios privados de seguridad, así como los empleados de los sectores de distribución de alimentos, química, productos farmacéuticos y producción de material sanitario.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tachado la decisión del Gobierno de precipitada y ha recriminado el hecho de que hasta última hora muchas empresas desconocían que debían hacer.
"Hay fábricas donde los turnos empezaban a las diez de la noche. Pensamos que ha habido cierta precipitación. (...) Se podría haber hecho mejor", ha manifestado Garamendi y ha añadido que no se ha tenido en cuenta que hay empresas industriales que esta misma semana tienen que entregar pedidos en el extranjero.