La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) asegura que la solución no pasa por prolongar la prohibición de los desahucios
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre medidas sociales en defensa del empleo, que incluye la extensión de determinadas medidas de “escudo social” de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, que fueron recogidas entre las medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
De esta forma, con la aprobación de este Real Decreto-ley se amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
En segundo lugar, se extiende también la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el Real Decreto-Ley 11/2020. Se trata de atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 30 de septiembre, actual fecha de finalización del referido plazo, y como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia. Esta medida no afecta a los pequeños propietarios de vivienda.
Además, se amplía hasta el 31 de enero de 2021 los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
ASVAL, en contra de estas medidas
En relación con esta ampliación de las medidas sobre alquiler y desahucios, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) manifiesta que la Administración no está tomando las medidas necesarias para desarrollar el alquiler y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. “Se necesitan medidas que fomenten el alquiler, no que lo desincentiven, y establecer un sistema de ayudas públicas a los inquilinos con menores recursos, que son quienes más están sufriendo la situación actual”, afirma la directora general de ASVAL, Beatriz Toribio.
En esta asociación aseguran que la solución no pasa por prolongar la prohibición de los desahucios porque genera más inseguridad jurídica y provocará que se contraiga la oferta y la inversión para aumentar el parque de viviendas en alquiler. “A la larga, esto dificultará el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos, como sucede con la ley catalana de precios, una norma inconstitucional”, señala Toribio.
En ASVAL argumentan que las moratorias planteadas desde el inicio de la pandemia no han funcionado y solicitan crear un fondo de ayudas directas de más de 700 millones anuales para los inquilinos más vulnerables, “porque son ellas las que realizan mayores esfuerzos en el pago de los alquileres: un 20% de las familias vulnerables dedica el 60% de sus ingresos al pago de un alquiler”.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler también pone de manifiesto que los créditos ICO para el pago del alquiler y otras medidas no han funcionado y demandan un aumento de las ayudas al pago del alquiler de los inquilinos con menos recursos.
Por último, solicitan más seguridad jurídica y colaboración público-privada para desarrollar la oferta. “En España falta vivienda en alquiler social y asequible. Para desarrollarla es imprescindible la colaboración público-privada y la Administración tiene que liderar esta colaboración", plantea la directora general de ASVAL.