El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuestiona el encaje constitucional de la Ley de Vivienda que pretende aprobar Gobierno por considerar que la norma limita las competencias de las comunidades autónomas
Ésta es una de las conclusiones a la que han llegado los vocales del CGPJ José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas, a los que el pleno del órgano de gobierno de los jueces encargó redactar un nuevo informe sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda después de que el pleno rechazara, el pasado 14 de enero, la propuesta que había elaborado el vocal Álvaro Cuesta y que respaldaba el contenido de la norma.
El nuevo texto, que será debatido por el pleno del CGPJ el próximo jueves, recuerda que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica", por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución "corresponde a cada una de las comunidades autónomas, que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas". Los jueces afean así que en la ley se dé "un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias", y que "limita y dificulta" la competencia en materia de vivienda a los gobiernos regionales.
Para los autores de la propuesta de informe, no puede pretenderse "uniformizar, de forma exhaustiva, la legislación autonómica sobre vivienda", al tiempo que la garantía de la igualdad "tampoco autoriza la innecesaria superposición sobre la actual legislación autonómica de otra estatal que en gran medida viene a duplicarla o sustituirla ni a cubrir supuestas lagunas de la legislación autonómica".
Limitación de precios del alquiler
En cuanto a lo que expone la norma sobre la contención de precios del alquiler, el informe estima que "tiene un alcance limitado y un farragoso contenido", que tras la pandemia quizá no resulte adecuada, por lo que se decantan por la regulación de las limitaciones arrendaticias para los grandes tenedores del artículo 17.7 Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). "En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado (…) condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal", aclaran los dos vocales en su informe.
El CGPJ lanza, además, un mensaje al Gobierno después de que estos días hayan recordado el carácter no vinculante del informe del Poder Judicial. En este sentido, el texto dice así: "El alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos gobiernos y hasta el momento presente".
Este nuevo borrador sobre el anteproyecto será debatido por el pleno ordinario del CGPJ que se celebrará este jueves 27 de enero.