Desde hace casi un año, todo el mundo habla de la Ley de Vivienda y de cómo afectará positiva o negativamente a cada segmento del sector inmobiliario. Sin embargo, la ley sigue sin aprobarse y las condiciones exactas de la misma siguen sin concretarse al 100%.
En febrero del año pasado, el Consejo de Ministros validaba el texto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que pasaba directamente a las Cortes con la esperanza, por parte del Ejecutivo, de una rápida aprobación y entrada en vigor. Nada más lejos de la realidad. Hoy, once meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin tener el beneplácito de las cámaras para poner en marcha una de las leyes más destacadas de la legislatura.
Con el fin de acelerar la aprobación de esta ley, el ejecutivo se plantea llevar a cabo algunas modificaciones en el texto original, de forma que sus socios de gobierno impulsen cuanto antes su validación. Tal y como informa el diario Cinco Días, la principal enmienda al texto consistiría en reducir el número de viviendas que definen a los grandes propietarios. Actualmente, esa cifra es de 10 inmuebles urbanos -o bien una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados- y Unidas Podemos pretende, ya desde las negociaciones en el Consejo de Ministros, reducirla a cinco.
La modificación en el número de viviendas que define a los grandes tenedores podría hacer que la cantidad de afectados aumentara significativamente, y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran establecer medidas para limitar los precios del alquiler en muchos más inmuebles de todo el país.