Los propietarios de vivienda en alquiler consideran que esta medida supondría un atentado contra el derecho a la propiedad privada
Ante las declaraciones realizadas por la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra (Podemos), acerca de incluir en la futura Ley de Vivienda la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha hecho público en el que manifiesta que esta medida supondría un nuevo atentado contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española.
Una medida así “supone en la práctica una expropiación y lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país. Esto va en contra de la confianza que reclaman inversores nacionales e internacionales que quieren operar en este mercado, y afecta a nuestra imagen como país”, afirman en Asval.
Los propietarios de viviendas en alquiler consideran que “sería un varapalo sin precedentes” a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Gobierno en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España.
Además, apuntan que medidas de este calado darán lugar a reclamaciones ante el Estado por responsabilidades patrimoniales y económicas ante los tribunales ordinarios españoles, así como ante organismos y cortes internacionales.
Afirman en Asval que esta medida “sentaría un peligroso precedente, yendo en la dirección opuesta a la estabilidad institucional que necesita el mercado del alquiler para poder desarrollarse al nivel de nuestros vecinos europeos y recuerdan que, en este sentido, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en contra de una norma, esta vez impulsada por el Gobierno catalán.
“La Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables”, concluye Asval.