Actualiza mecanismos de control y reduce la utilización del mecanismo de licencia
La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, la modificación del Proyecto de Ley del Suelo que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico. Esta es la primera normativa que consigue aprobar el Ejecutivo autonómico en esta legislatura, y ha contado con la oposición de PSOE, Más Madrid y Podemos.
Concretamente se ha producido una modificación puntual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que "permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector".
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha expuesto que gracias a esta ley se van a actualizar mecanismos de control y reducir la utilización del mecanismo de licencia.
Esta modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, introduce como principal novedad la sustitución de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables en las obras de menor entidad.
Se suprimen las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos, y que ocasiona a los particulares "una pérdida de tiempo a la hora de realizar una obra de menor calaje".
También se suprimen las licencias para obra nueva o de reforma integral, así como la posterior licencia de primera ocupación. Dependiendo del ayuntamiento, la espera podría oscilar entre los 12 y los 18 meses.
Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, como por ejemplo la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares.
Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad ha recordado que esta iniciativa iba a ir incluida en la reforma a mayor escala que el Gobierno pretende emprender durante esta legislatura, pero que se decidió "anticiparla" ante el "claro deterioro" de la situación económica causado por la pandemia del coronavirus.
La consejera Paloma Martín ha defendido que Madrid "ganará competitividad con respecto a otros países de la Unión Europea", y ha recordado que el plazo medio de concesión de licencias urbanísticas está entre 12 y 18 meses.
La reforma dará "mayor capacidad de acción a inversores y empresarios" en un sector que, ha destacado Martín, tiene "un claro efecto multiplicador" y será "clave para la reactivación económica".
Y ha defendido que la reforma no busca fomentar "la especulación" ni "favorecer intereses privados", sino evitar que el sector "siga enredado en trámites burocráticos que le restan flexibilidad".
Durante el debate han arreciado las críticas de la oposición, tanto al contenido de la reforma como a su tramitación por lectura única.
El diputado del PSOE Rafael Gómez Montoya ha rechazado que "generar más inseguridad jurídica" sea "la medida más adecuada para reactivar la economía", y ha subrayado que, si bien es partidario de "facilitar la actividad económica", no quiere abanderar "una burbuja inmobiliaria".
Y ha avisado de que el PSOE estudiará los posibles "recursos judiciales individuales" a interponer contra la decisión de tramitar la norma por lectura única.
"La declaración responsable presupone la buena fe del solicitante, pero en materia urbanística, y en la Comunidad de Madrid, esto, desgraciadamente, es mucho suponer", ha comentado el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez, a cuyo juicio "eliminar los controles" supone "una temeridad y una irresponsabilidad".