La segunda jornada de REBUILD 2026 ha centrado el debate en las condiciones necesarias para extender la construcción industrializada en España. Administraciones, promotoras, constructoras, fabricantes y otros agentes del sector coincidieron en que el despliegue del modelo dependerá de la eliminación de los principales cuellos de botella que siguen frenando su desarrollo, entre ellos la financiación, la normativa y la disponibilidad de suelo.
Uno de los puntos más repetidos durante la jornada fue la necesidad de adaptar el marco regulatorio. Maribel Vergara, directora del PERTE de la Industrialización de la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señaló que “el sector sigue encontrándose con un marco legal pensado para una construcción tradicional que no distingue con claridad entre obra in situ e industrializada”. A su juicio, esta situación afecta tanto a la contratación como al suministro y se ve agravada por las rigideces derivadas de la Ley del Suelo y por la falta de una terminología común sobre qué se considera exactamente construcción industrializada. “Sin armonización normativa no habrá escala y, sin escala, no habrá una industria capaz de responder al desafío de la vivienda”, afirmó.
La financiación fue otro de los ejes del encuentro. Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio, recordó que uno de los avances anunciados en el marco de la feria ha sido la creación de una nueva línea ICO-Crecimiento destinada a mejorar la capacidad financiera de las empresas y a cubrir las necesidades de circulante vinculadas a la edificación off-site.
Desde la industria, Miguel Ángel Santos, director de negocio residencial de Molins, cuantificó el esfuerzo necesario para ganar escala. “Levantar una empresa con capacidad para fabricar entre 2.000 y 3.000 viviendas al año exige inversiones millonarias que muchas empresas no pueden asumir con su estructura actual. Actualmente, entre los industrializadores más grandes podemos estar entre las 6.000 u 8.000 viviendas al año, y se necesitan 200.000, por tanto, el porcentaje todavía es muy bajo, para que esto aumente se necesita financiar más y mejor”, explicó.
Alex Bulbena, consejero de Hormipresa, incidió además en la falta de mano de obra especializada y en la capacidad productiva todavía limitada. En su intervención defendió la necesidad de avanzar hacia procesos más estandarizados y automatizados y apuntó que, aunque España ha tenido menos presión para industrializar que otros mercados europeos por sus menores costes laborales, el sector empieza a mostrar señales de cambio. En este contexto, consideró que el PERTE puede ser una palanca relevante, aunque advirtió de que la estabilidad de la demanda, un entorno regulatorio favorable y una mayor certidumbre para el inversor serán factores decisivos.
La disponibilidad de suelo también formó parte del diagnóstico compartido durante la jornada. Luis Ilundain, CEO de Viguetas Navarras, afirmó que “necesitamos suelo, y las administraciones deben facilitar el acceso a este para desarrollar proyectos de gran envergadura”. En su opinión, el modelo industrializado no solo mejora la eficiencia de la construcción, sino que también aporta ventajas desde el punto de vista ambiental al reducir la generación de residuos.
Por su parte, Francesc Madurell, director financiero de Grup PMP, puso el foco en el impacto operativo y económico de los sistemas modulares. Según explicó, para el cliente particular una de las principales ventajas es la planificación completa del proyecto, al permitir conocer con mayor precisión los plazos de inicio y finalización. También apuntó una reducción de tiempos de entre el 30% y el 40%. En el caso de promotores y arquitectos, añadió, la industrialización mejora los servicios posventa y la rentabilidad de los proyectos al reducir el coste de financiación y acortar los plazos de ejecución.
El balance de la jornada dejó una conclusión compartida: el cumplimiento de los objetivos vinculados al PERTE y la capacidad de situar en el mercado las 200.000 viviendas asequibles anunciadas por el Gobierno exigirán una mayor coordinación entre sector público y privado, junto con medidas que faciliten la financiación, el acceso a suelo y la atracción de talento.