La sostenibilidad ha dejado de abordarse en el sector inmobiliario solo como una exigencia normativa. Para Andrés Barrio, responsable de sostenibilidad de Nhood, su papel pasa hoy por proteger el valor del activo, anticipar riesgos y guiar su adaptación a un entorno regulatorio y climático más exigente. Esa fue una de las ideas que defendió durante su intervención en el Desayuno Editorial ‘Sostenibilidad y el reto de la financiación’, organizado por Observatorio Inmobiliario y patrocinado por Kömmerling.
Barrio situó al sector en un momento de transición en el que la sostenibilidad deja de vincularse únicamente al cumplimiento o a la reducción del impacto ambiental para incorporarse a la gestión del activo. A su juicio, influye ya en factores que afectan a su competitividad, a su capacidad para atraer operadores e inquilinos y a su comportamiento a largo plazo.
En ese contexto, distinguió entre dos planos normativos con efectos diferentes sobre la gestión. “Por un lado, la Taxonomía se va a quedar solo para las grandes empresas que tengan que reportar o como elemento de valor del activo y, por otro lado, tenemos la eficiencia energética, que sí que va a seguir existiendo y avanzando como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) y la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios (EPBD)”, señaló.
Su planteamiento introduce una diferencia relevante. Mientras la Taxonomía europea funciona como un sistema común para identificar actividades ambientalmente sostenibles y facilitar la inversión, su aplicación se relaciona sobre todo con el ámbito del reporte corporativo. En ese terreno se sitúa también la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), la norma europea que obliga a determinadas empresas a informar de forma estandarizada sobre riesgos, impactos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad. La propia Comisión Europea señala que las primeras compañías sujetas a la CSRD tuvieron que aplicar estas reglas por primera vez al ejercicio financiero de 2024, con informes publicados en 2025.
Por su parte, la eficiencia energética mantiene una incidencia más directa sobre la operativa de los inmuebles. En ese ámbito se encuadran instrumentos como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), definidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como documentos electrónicos que acreditan un nuevo ahorro de energía final, equivalente a 1 kWh por certificado. Su interés para el sector radica en que trasladan la mejora energética a una lógica medible y con aplicación también en el terciario.
De ahí que la EPBD ocupe, a juicio de Barrio, una posición especialmente importante: aunque en un primer momento pueda percibirse como un coste, también puede actuar como palanca para renovar activos y adaptarlos a nuevos estándares de uso y consumo. No se trata, además, de un horizonte lejano. La revisión de la directiva entró en vigor en mayo de 2024 y debe transponerse con carácter general antes del 29 de mayo de 2026, situando la renovación y la descarbonización del parque edificado en el centro de la agenda regulatoria europea.
La intervención de Barrio incidió, además, en que “en la estrategia a largo plazo hay que adelantarse e incluir los riesgos de transición para cumplir con la legislación y anticipar los posibles impactos sobre el activo”, afirmó.
Desde esa óptica, evitar la obsolescencia se convierte en uno de los retos centrales. La adaptación de usos, la mejora del comportamiento energético y la actualización técnica del inmueble pasan a formar parte de una estrategia orientada a preservar su competitividad y su encaje en el mercado.
Barrio trasladó también este debate al terreno económico. A su juicio, la eficiencia energética ya no puede considerarse una variable intangible o ajena al negocio, porque su impacto alcanza de forma directa a la cuenta de resultados. En materia de autoconsumo, puso como ejemplo Vialia Bilbao, área comercial integrada en la estación Bilbao-Abando de Adif, donde el 100% de la energía generada mediante producción fotovoltaica se consume in situ. El caso ilustra, según expuso, cómo la variable energética se integra cada vez más en la operativa del activo.