Movilización de suelo público para vivienda en alquiler y acuerdos con promotores públicos y privados
El pacto de gobierno suscrito por el PSOE y Unidas Podemos incluye medidas como la ampliación del presupuesto de vivienda, la regulación en determinadas circunstancias de los precios del alquiler y también un gravamen del 15 % a los beneficios de las SOCIMI no distribuidos.
El apartado referido a vivienda comienza con la propuesta de “ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de vivienda”. Además, anuncia la puesta en marcha de “un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles”. El citado plan tendrá una duración de cuatro años.
Regulación del precio del alquiler y el uso turístico
El punto tercero de este apartado afirma que “frenaremos las subidas del alquiler”. Para ello, “se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. El documento especifica que se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo con una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. El objetivo de los índices de referencia es que los ayuntamientos y comunidades autónomas “puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.
También se recogen medidas para asegurar el realojo inmediato de inquilinos que no puedan hacer frente a la renta. Se fomentará en alquiler social a personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria se su vivienda y, en este capítulo “se estudiarán medidas adicionales para los grandes tenedores de vivienda”.
Se impulsarán, asimismo, reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
SAREB y “grandes tenedores de vivienda”
En lo que respecta al uso social y al parque público de vivienda, el pacto PSOE-UP contempla que “se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico”. Asimismo, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables. Y se especifica que “se determinará el carácter social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre”. También, “se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales”.
Movilización de suelo público para vivienda en alquiler y acuerdos con promotores públicos y privados
El acuerdo de gobierno contempla a su vez la movilización de suelo público para vivienda en alquiler social o asequible con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) y estimular la oferta privada en alquiler. Se reorientará el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación, con el objetivo de configurar un parque de vivienda social sujeto a protección. “Para favorecer la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, también vamos a movilizar el suelo público que se encuentre disponible”, recoge el documento.
Asimismo, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas. Se anuncian medidas de agilización de trámites de concesión de licencias y en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la oferta y demanda de vivienda en alquiler.
El pacto de gobierno impulsará nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas. También potenciará el Observatorio de la Vivienda para investigar y analizar la situación de la vivienda en España.
Las SOCIMI estarán gravadas con un 15 % sobre los beneficios no distribuidos
Otra medida destacable contemplada en este pacto de gobierno y que ya se filtró durante la pasada campaña electoral hace alusión a la modificación del régimen jurídico y fiscal de las SOCIMI. Así, en el capítulo 10 sobre Justicia fiscal y equilibrio presupuestario, en el punto 10.6 se dice textualmente que “se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMI, aplicando un tipo de gravamen del 15 % sobre los beneficios no distribuidos”.