Se cumplen tres meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que introdujo una serie de medidas para la regulación del mercado inmobiliario que ya está influyendo de manera directa en el funcionamiento del sector residencial. Una de esas medidas aprobadas es la de cobrar al propietario en vez de al inquilino los honorarios de los profesionales inmobiliarios por los servicios de intermediación prestados en operaciones de alquiler.
En este contexto, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España analiza cómo está afectando esta nueva regulación a las agencias inmobiliarias. El organismo oficial incide en que a partir de ahora los agentes inmobiliarios deben ofrecer más y mejores servicios, ser más profesionales y ahondar en los aspectos que exige la ley en lo referente a su actividad, tanto en operaciones de compraventa como de alquiler.
En este sentido, Francisco Nomdedeu, vocal del Consejo General y presidente del COAPI de Castellón, descarta una “guerra de precios” por parte de las inmobiliarias para atraer a los propietarios en materia de alquileres. “Las inmobiliarias ofrecerán una gama aún más amplia de servicios en cuanto a documentación necesaria, gestión de tributos o contratación de servicios como seguros de impago o instalación de alarmas, entre otros, con el objetivo de prestar todo el asesoramiento profesional que, ahora más que nunca, va a necesitar el propietario de un inmueble en arrendamiento para cumplir con la nueva legalidad vigente y adaptarse a la misma”.
El Consejo General no cree que vayan a producirse cierres masivos de agencias inmobiliarias debido a esta modificación de la ley, pero no descarta que algunas agencias que sólo trabajaban el segmento del alquiler deban cambiar su modelo de negocio a partir de ahora e incluso entrar en el segmento de la compraventa. “Somos un sector que se adapta rápidamente al medio y a las circunstancias, por lo que creo que cierres habrá pocos”, asegura Nomdedeu.
En este contexto, el propietario va a necesitar, más que nunca, un servicio profesional para cumplir con la legalidad vigente en aspectos relativos a la información de la vivienda: datos catastrales, información sobre superficie y antigüedad, certificado de eficiencia energética, cédulas de habitabilidad, etc. Una documentación que a los propietarios por sí solos les puede resultar complejo reunir, por lo que probablemente apuesten por la contratación de un servicio integral que incluya todo el proceso de la operación inmobiliaria: servicio de fotografía, publicación del anuncio, estrategia comercial y visitas, intermediación, negociación, trámites burocráticos y documentación necesaria para la firma del contrato.
Además, el Consejo General alerta de que se ha producido una caída considerable de la oferta de viviendas en alquiler en los portales inmobiliarios, por lo que los inquilinos van a tener más difícil el encontrar una vivienda para arrendar. Sin duda, acudir a un profesional inmobiliario les podrá facilitar mucho esta tarea para que les ayuden a encontrar una vivienda que cumpla con sus deseos, necesidades y presupuesto.