La Conferencia Inmobiliaria de SIMAPRO ha pasado revista a las cuestiones que definirán el futuro inmediato del sector
La primera jornada de SIMAPRO 2020 pasó revista a las cuestiones principales que marcarán la evolución del sector inmobiliario en el corto y medio plazo. Temas como la colaboración público-privada, el acceso a la vivienda, la agilización administrativa, la regeneración urbana y la rehabilitación, el marco regulatorio, la construcción industrializada, la digitalización o la sostenibilidad, han sido objeto de debate en distintas mesas redondas.
La sesión comenzó con un acto de bienvenida en que han participado David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma); Juan Fernández-Aceytuno, Consejero Delegad de, Sociedad de Tasación; Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de ASPRIMA y CEO de Vía Ágora; Antonio González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions (organizadora del evento), y Ernesto Tarazona, director ejecutivo de Desarrollo de REOs y Venta Mayorista de Servihabitat.
En su intervención de David Lucas. secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que ha destacado la necesidad de “establecer recursos para una adecuada colaboración pública-privada con el objetivo de convertir el sector en un factor tractor de la recuperación económica de nuestro país”. El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda ha declarado que la Administración tiene que ser ambiciosa para posibilitar la generación de empleo y la recuperación económica. “La política de vivienda tiene que ser una de las palancas de esta recuperación y debe financiarse con los fondos estructurales europeos”. David Lucas ha recordado que hasta 4.200 millones de estos fondos se dedicarán a la rehabilitación de viviendas, entornos urbanos, rehabilitación de edificios de las administraciones y la lucha contra la despoblación. “España necesita ahora más que nunca la acción decidida del inmobiliario”, ha finalizado.
Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado insistió en la necesidad de seguir profundizando en la colaboración púlico-privada para afrontar los grandes retos de la vivienda en nuestro país, una relación que tiene que basarse en la “confianza, la transparencia y la empatía”. Y Juan Fernández-Aceytuno recordó que los ciclos inmobiliarios no se correlacionan con los ciclos pandémicos, por lo que la prudencia aconseja ponderar los efectos del Covid-19. “El precio de la vivienda nueva se mantendrá, mientras que el de la vivienda usada continuará con la tendencia a la moderación que ya mostraba antes de la pandemia”.
Colaboración público-privada, una necesidad
A continuación, el programa de SIMAPRO 2020 comenzó con una mesa redonda moderada por Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, y con la participación como ponentes de Mariano Fuentes, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid; José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid; Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de ASPRIMA y CEO de Vía Ágora. Este panel ha analizado la necesaria colaboración público-privada a la luz de las nuevas tendencias emergidas tras la eclosión de la pandemia.
Todos los ponentes han coincidido en calificar como dulce el momento que está viviendo la colaboración público-privada, a diferencia de otros anteriores en que las suspicacias mutuas definían esta relación. “Es imprescindible profundizar en este clima de confianza”, ha pedido Juan Antonio Gómez-Pintado, que ha insistido en que este nuevo marco de colaboración tiene que permitir “que la clase media del mañana no esté siendo expulsada del mercado de la vivienda hoy”. Asimismo, ha reclamado la necesidad de encontrar fórmulas que mejoren este acceso a la vivienda. En su opinión, “la mejor fórmula es la de los avales por parte del Estado a los futuros propietarios”, para a continuación lamentar la falta de comprensión en la Administración General del Estado hacia los planes elaborados desde el sector para facilitar este acceso, que “además se ven lastrados por la ausencia de “una estructura financiera y empresarial para tener un parque viviendas, en propiedad y en alquiler, que garantice este acceso”.
Aun coincidiendo en el fondo del asunto, José María Gómez ha discrepado en un punto fundamental. “Hay que dar con fórmulas de aseguramiento que no repercutan en un incremento de la deuda, que ninguna administración se puede permitir”, ha puntualizado. En este sentido, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha reclamado mayores dosis de creatividad para evitar “la proliferación de impagos, por lo que estas iniciativas, con independencia de la fórmula que final adopten, deben enfocarse en grupos solventes, con capacidad de pago presente y futura, para no caer en el riesgo de alimentar una nueva burbuja”.
Por su parte, Francisco Javier Ramiro ha querido llamar la atención sobre un aspecto central en el enfoque del asunto por parte del Ministerio. En su opinión, “estas fórmulas de colaboración, cualesquiera que sean, tienen que poner en el centro al ciudadano, y este es un déficit que tiene tanto la administración como el sector privado”, ha matizado. Para el director general de Vivienda y Suelo este debe de ser uno de los objetivos principales de los fondos europeos de recuperación, que también tienen que servir para “apalancar un proceso que genere una cartera de proyectos escalables en materia de regeneración urbana y del espacio público, para lo que es imprescindible la alineación público-privada y la coordinación de los tres niveles de la administración”, ha concluido.
El tema de la regeneración y rehabilitación ha articulado la reflexión de Mariano Fuentes, que se ha lamentado de que el sector privado no sea un impulsor de este tipo de proyectos. “¿Por qué no se ha metido el sector privado en la rehabilitación?”, se ha preguntado el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. “Porque no tiene incentivos, sobre todo fiscales, que son los fundamentales. Incentivos fiscales e incentivos en aprovechamiento urbano. Estos son los dos ejes sobre los que se fundamenta el plan de rehabilitación de Madrid”, ha resumido.
Un marco regulatorio excesivo
La seguridad jurídica en el inmobiliario ha sido la cuestión central de la segunda mesa redonda de la jornada, que, moderada por Guillermo San Román, presidente de la Comisión de Suelo y Urbanismo, ASPRIMA, ha reunido a Felipe Iglesias, consultor en el bufete de abogados Uría Menéndez, y Beatriz Toribio, directora general de Asval. Una pregunta ha articulado los debates de este panel: ¿tiene nuestro país un marco regulatorio lo suficientemente estable como para atraer la inversión internacional a largo plazo tan imprescindible para sostenibilidad futura del sector?
Felipe Iglesias comenzó su intervención lamentando la proliferación legislativa de nuestro país, que entre las tres administraciones suma “cien mil normas”. Una situación que, al contrario de lo que podía esperarse tras la reforma legal en Madrid que ha sustituido el trámite de algunas licencias por una declaración de responsabilidad, amenaza con enredarse todavía más. “Ya comienza a haber diferentes interpretaciones sobre esta reforma dependiendo del Ayuntamiento, lo que solo alimenta la inseguridad y la desconfianza”. Felipe Iglesias ha reclamado un esfuerzo en favor de una “unanimidad interpretativa”, cuya responsabilidad debe corresponder únicamente a la Comunidad de Madrid.
La crítica a las normas que limitan los precios del alquiler ha centrado los argumentos de Beatriz Toribio, que ha adelantado que serán contraproducentes y que, en lugar de paliar la realidad que las anima, agravarán el problema. “Las medidas solo generarán efectos contrarios a los deseados y dificultarán más aún el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos vulnerables, además de generar más economía sumergida”, ha asegurado. Los efectos nocivos se dejarán notar en muchos ámbitos, como, por ejemplo, en el deterioro del parque de viviendas, “en la medida en que estas limitaciones de precio desincentivarán al propietario a mejorar su activo”.
Para la directora general de Asval, lo que necesita el mercado de alquiler son “medidas incentivadoras que animen a poner vivienda en el mercado y también más colaboración público-privada que ataje de raíz el problema, que no es otro que el acceso a la vivienda y el déficit de la oferta en alquiler”. Beatriz Toribio ha criticado la falta de atención que sufre el sector. “Hay que escucharlo y no legislar contra él, que es lo que nos estamos encontrando en muchas comunidades autónomas”, ha afirmado.
Construcción industrializada, palanca de modernización
El tercer panel de la primera jornada de SIMAPRO 2020 ha puesto el foco en uno de los temas de más actualidad del inmobiliario y que está en estrecha relación con su capacidad para convertirse en un sector moderno, sostenible, creativo e inclusivo, como es la industrialización de su actividad constructiva. Los expertos presentes en la mesa redonda (Manuel González, director técnico de Construcciones ACR; Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Ágora; Jorge Perelli, presidente ejecutivo de Grupo Bauen, y José Antonio Tenorio, científico titular del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, moderados por Julián Domínguez, socio director de CIP Arquitectos) han coincidido en afirmar que los dos principales retos de la industrialización son, “aquí y ahora”, generar estructuras de colaboración entre todos los agentes de la cadena de valor y eliminar la incertidumbre que existe en torno al precio de la construcción industrializada.
Manuel González ha insistido en que esta incertidumbre en el precio es lo que en muchas ocasiones “tumba un proyecto de construcción industrializada”. No obstante, el director técnico de Construcciones ACR ha reconocido que “lo que falta es la industrialización de la puesta en obra de las partes ya industrializadas. Todo esto va a cambiar nuestra forma de construir, que se sofisticará”. “Si tuviéramos más claros los sistemas de construcción y los costes, la industrialización se impulsaría”, ha afirmado Sandra Llorente, que ha abogado por crear en las compañías “departamentos especializados en construcción industrializada e implementar un ambicioso programa de formación reglada”. Para la directora general técnica de Vía Ágora, el éxito de la industrialización pasa necesariamente por lo que ha definido como un cambio de chip. “Ya no va a valer tener un producto que vender, sino que crear un producto ad hoc que cubra las necesidades específicas de los clientes”.
Por su parte, Jorge Perelli ha llamado la atención sobre la escasa capacidad industrializada de nuestro país. Algo que va a cambiar con la entrada de los fondos de inversión, que “reordenarán el mercado, impulsándolo y especializándolo”. El presidente ejecutivo de Grupo Bauen no descarta que en este proceso se produzcan movimientos de integración vertical en toda la cadena de valor de la industrialización, que va a cambiar de manera radical la operativa de este sector. “Muy pronto veremos productos financieros alternativos adaptados a esta nueva realidad constructiva y a todos los actores de su cadena de valor, porque el circulante en la construcción industrializada es mucho más activo que en la tradicional”, ha concluido.
En esta misma línea argumental se ha expresado Antonio Tenorio, para quien la verdadera revolución en relación a la forma de construir en el siglo XX “es la capacidad de la industrialización para trabajar la información, que también debe articular la colaboración entre quienes forman parte de su cadena de valor”. Para el científico del Instituto Eduardo Torroja, “la industrialización está empezando a cambiar la forma de pensar de los grandes promotores, porque hay tecnología, producto y capacidad de ponerlo en el mercado”.
Por un sector verde
La primera jornada de SIMAPRO 2020 concluyó con una mesa en la que Álvaro González, concejal del Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid; José Antonio Granero, arquitecto y socio-fundador de Entreabierto y Luis Socías Uribe, jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de CEOE, moderados por Carlos Gómez-Caño, director general de Toshiba HVAC Calefacción & Aire Acondicionado, debatieron sobre la urgente necesidad de acometer proyectos de rehabilitación y regeneración urbana en un contexto en el que las trabas regulatorias y administrativas son un obstáculo para una estrategia a largo plazo en este ámbito.
Así, para Álvaro González es imprescindible que la Administración apoye los programas de rehabilitación y regeneración, porque resulta imprescindible para recuperar “la confianza de los ciudadanos”. En su opinión, “la rehabilitación y la regeneración urbanas son dos palancas importantísimas de generación de empleo. Por esta razón es tan vital la colaboración público-privada si queremos lograr este objetivo”. Por su parte, José Antonio Granero ha recordado que el 38% de los 140.000 millones de los fondos europeos de recuperación asignados a España van destinados a proyectos de regeneración. Un hecho que debería ser aprovechado para “romper con la imagen de ladrillo del sector en beneficio de un modelo verde basado en su tecnificación, digitalización e industrialización, en línea de lo que recientemente reclamó la presidenta de la Comisión Europa, que abogó por una nueva Bauhaus europea, que dé a luz una nueva arquitectura más limpia y más verde”.
“La rehabilitación y la regeneración tienen que ser el motor de la transformación verde y digital del sector”, ha afirmado Luis Socías Uribe, para quien tiene que ser prioritario acelerar procesos que “posibiliten a las comunidades rehabilitar sus viviendas y contribuir a regenerar la ciudad”. En opinión del jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de CEOE, lo fundamental es que las ayudas del fondo europeo de recuperación que se concedan “estén orientadas al cumplimiento de las prioridades nacionales fijadas por la propia Comisión Europea”.