Antes el plazo establecido era de 15 años
Los propietarios de pisos protegidos en la Comunidad de Madrid no podrán venderlos ni alquilarlos al precio que quieran hasta pasados al menos 30 años desde su construcción, frente a los 15 años establecidos hasta ahora.
Esta norma se incluye dentro del reglamento para los inmuebles de coste limitado por la Administración Pública que entrará en vigor en el primer semestre de este año.
El gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, pretende con este cambio “dar un impulso al mercado de alquiler” y facilitar al mayor número posible de ciudadanos viviendas con precios asequibles.
La nueva normativa autonómica, que no tendrá carácter retroactivo, quiere evitar que se especule con el patrimonio. Por lo tanto, durante 30 años si se desea vender o alquilar ha de ser a un coste máximo que estipula la Comunidad de Madrid.
Como novedades, la Comunidad de Madrid establecerá una limitación de precio de venta del suelo para la construcción de este tipo de pisos, eliminada hace 15 años. Con esta medida pretenden evitar que cifras elevadas afecten a la calidad del inmueble.
Además, la normativa establece que los promotores no podrán cobrar al comprador al margen del precio tasado por la administración el coste de otros conceptos, como piscinas o jardines.
A todos estos cambios hay que sumar, la protección permanente» para las residencias temporales de estudiantes y los pisos destinados a alquiler de rotación.
“La idea es que promotores privados puedan construir viviendas con unas dimensiones menores que se complementen con servicios comunes de recepción voluntaria que no supongan elevación de la renta aplicable a las viviendas protegidas”, han comentado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
De este modo, los jubilados que dispongan unos niveles limitados de renta podrán acceder a estos pisos en alquiler, aunque tengan otro en propiedad. Aunque se tendrá en cuenta el valor del inmueble.
Respecto a las residencias temporales, podrán construirse también en suelos protegidos, por lo que el Gobierno regional podrá fijar determinados requisitos previos a los futuros inquilinos. Como, por ejemplo, no sobrepasar un nivel máximo de ingresos y estar matriculado en una universidad de la Comunidad.