FAI advierte que para regular el alquiler hay que reforzar la seguridad jurídica del mismo

FAI-alquiler.jpg FAI tema que el aumento de morosidad amenace la oferta de alquiler.

La organización valora positivamente las bonificaciones fiscales frente a la limitación de precios, pero teme una indefensión jurídica de los colectivos más vulnerables


La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte que la propuesta de borrador del departamento de José Luis Ábalos, encaminada a la bonificación fiscal y la no limitación de los precios para la regulación del mercado del alquiler en la ley de Vivienda, nace coja si no se recogen más medidas concretas en materia de seguridad jurídica para los pequeños propietarios. Medidas, remarcan, que eviten la retirada de inmuebles en régimen de alquiler o una selección o “casting de inquilinos”.

Esta situación de menor oferta y más selectiva, aseguran desde la federación, dejaría fuera a las personas económicamente más vulnerables y que mayor necesidad tienen de residir en régimen de alquiler.

En este contexto, y ante el aumento de la demanda de alquiler y la actual situación económica, que debilita muchas rentas familiares, FAI insiste en que el borrador, que en su día valoró positivamente por no poner tope a los precios, debería ahondar más en “medidas que pongan fin a la incertidumbre y la inseguridad jurídica que existe, actualmente, en el mercado del alquiler de vivienda habitual”.

De hecho, alerta de que el importante aumento de la morosidad en el mercado del alquiler, ya observado, unido al tiempo necesario actualmente para recuperar la posesión de un inmueble en caso de impago, amenazan con provocar una reducción extraordinaria de la oferta en alquiler.

Por ello, la organización echa en falta y sugiere la puesta marcha de una oficina autonómica de resolución extrajudicial de conflictos. Esta oficina, explican, debería estar vinculada a los depósitos de fianza, que contribuya a que afloren los alquileres no declarados, y en disposición de emitir sentencia firme, mediante laudo arbitral, en menos de 45 días. Para FAI, es “inadmisible e “insoportable” para los pequeños propietarios que el tiempo medio para recuperar una vivienda alquilada por impago se sitúe sobre los 12 meses.

De la misma forma, propone la creación de un sistema público, mediante gestión privada, que se encargue de administrar vivienda de particulares cedida en arrendamiento durante al menos 5 años, garantizando el mantenimiento y el cobro de la renta al propietario, siempre que ésta no exceda del valor máximo para viviendas de protección pública (VPP) en su zona de influencia.

Ambas propuestas se incluyen dentro de la batería de medidas para fomentar la oferta en el mercado del alquiler, que ya presentó FAI hace un año.

Entre las propuestas, también se incluía la bonificación fiscal, tanto en el impuesto de IBI (del 50%), como en el IRPF (hasta el 100%), así como la bonificación del 10% en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITPAJD) para viviendas que se destinen al alquiler de vivienda habitual por, al menos, 5 años.