- Se prevé la construcción de más de 600 viviendas (el 30 % de ellas de protección oficial)
- La superficie total es de 72.000 m2 y cuenta con espacio reservado para un equipamiento sanitario
El proyecto para urbanizar los terrenos donde se encontraba la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid se pone en marcha después de más de una década paralizado. El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, que lidera Mariano Fuentes, eleva a Pleno, tras su paso por la Comisión, la estimación de la iniciativa, el trámite que da el pistoletazo de salida para la gestión urbanística que permitirá dotar de una nueva vida a un ámbito con una superficie de 172.000 m2.
Tras la estimación de la iniciativa, se presenta también el proyecto de urbanización que, una vez aprobado, posibilitará el inicio de las obras que ejecutarán los propietarios del suelo, que, en este caso, son la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y la inmobiliaria Pryconsa.
Los usos del ámbito
Después de una década y de varios convenios modificados con el paso del tiempo, en la actualidad el plan parcial aprobado para la zona propone situar en el sureste del ámbito las manzanas residenciales, en la zona más próxima a los barrios, donde la vivienda ya está consolidada; en el noreste se sitúan las reservas de suelo para dotación singular; en el centro, las manzanas que se destinan a uso terciario, articulando las parcelas destinadas a equipamiento y las manzanas residenciales y en el noroeste se encajan las parcelas destinadas a uso dotacional. Se prevé el mantenimiento de la Comisaría y Centro de Acogida de Extranjeros y se propone una nueva reserva para alojar un equipamiento singular en la categoría de salud.
De los 172.000 m2 de superficie, 128.000 m2 se reservan para usos no lucrativos, esto es equipamientos y zonas verdes. El resto, 44.000 m2, es para vivienda colectiva libre, vivienda colectiva de protección y uso terciario, con una edificabilidad total de 88.000 m2. Se prevé la construcción de más de 600 viviendas (el 30 % de ellas de protección oficial).