Se desconoce la fecha exacta del lanzamiento y a que regiones afectará
El Gobierno ha anunciado su intención de lanzar licitaciones para la construcción de 5.000 viviendas para alquilar a precio asequible en los próximos meses.
Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, que ha añadido “se está trabajando con la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes), para que a través de la cesión de derechos de superficie y bajo esquemas de asociación pública privada, se fomente la construcción de vivienda para alquiler social y asequible para 5.000 viviendas adicionales”.
Saura no ha aclarado la fecha exacta del lanzamiento de las licitaciones, se ha limitado a decir que será en los próximos meses, ni tampoco ha dado el dato de la localización de las viviendas, pero sí ha comentado que se ubicarán en las zonas más tensionadas.
Este anunciamiento viene después de que el Tribunal Constitucional anulará parte del Decreto Ley en materia de Alquiler y Vivienda que lanzó el Gobierno en marzo al no ser de "extraordinaria ni urgente necesidad".
Respecto a este tema, Saura ha declarado que el fallo del Constitucional no cambia "en absoluto" la política de vivienda estructural del Ejecutivo.
De hecho, Saura celebra la decisión del TC, ya que considera que avala el carácter de "urgencia" de las 20 medidas sociales en materia de alquiler incluidas en la nueva normativa, como la ampliación de la duración de los contratos de tres a cinco años o la limitación de aumento de precios al alquiler durante toda la vigencia del contrato.
“Lo que el PP pretendía era regresar al Real Decreto Ley de 2013, pero los ciudadanos pueden estar tranquilos: no lo han logrado”, ha comentado Saura a lo que ha añadido que el TC solo ha tumbado dos disposiciones por no encontrarlas urgentes y eso “no impide al Ministerio proseguir con sus planes de movilización de suelo público”.
Saura añadió que en estas actuaciones este Ministerio ha aportado 55 millones de euros, que han servido, junto con las aportaciones de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para atraer el capital privado, lo que ha implicado una inversión total de 330 millones de euros.