El Gobierno contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones para la rehabilitación de viviendas
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, sin votos en contra, el decreto ley del Gobierno que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para sacarlo adelante, el Gobierno ha contado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el BNG, el PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP, Vox, UPN y Foro Asturias se han abstenido.
Asimismo, la Cámara Baja ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a su modificación a partir de enmiendas de los grupos.
Durante la defensa de su decreto ley, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha llamado a los ayuntamientos y comunidades autónomas a revisar los "cuellos de botella legales" en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios "alcancen sus objetivos deseados".
A estos "cuellos de botella" ha atribuido la ministra el "recorrido limitado" de este tipo de programas, provocando, ha dicho, una tasa media de rehabilitación efectiva de entre ocho y diez veces menos por debajo de la media del entorno europeo. Todo ello teniendo más de la mitad de edificios residenciales construidos antes de 1980, y más del 80% con muy baja calificación en consumo energético.
Para acabar con estas "rigideces" legales, el Gobierno modifica en el decreto ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acuerdos por mayoría para realizar obras de rehabilitación o recibir ayudas, y también la Ley de Suelo, reforzando la capacidad jurídica de las comunidades de propietario para recibir créditos.
Respecto a los incentivos fiscales, se prevén 450 millones de euros para financiar deducciones del 20%, el 40% y el 60% en el IRPF, hasta un máximo de 5.000 euros, 7.500 euros y 15.000 euros, respectivamente, según la mejora de eficiencia energética alcanzada en vivienda habitual o edificios residenciales. Asimismo, el decreto ley prevé que no se integren en la base imponible de este impuesto las ayudas contempladas en el decreto, así como las aprobadas anteriormente para la rehabilitación.