SEOPAN pide que se declare como causa de fuerza mayor el cierre de obras

25/03/2020

Julián-Núñez.jpg Julián núñez, presidente de SEOPAN

Un mes de suspensión total de la actividad, supondría un punto porcentual menos de PIB anual

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) ha pedido la declaración legal de considerar los efectos del COVID-19 y medidas para frenar la pandemia como causa de fuerza mayor, tanto para los contratos de obras públicas y servicios, como de concesiones.

En este sentido, SEOPAN valora de forma positiva las medidas tomadas por el Gobierno, pero considera prioritario implementar una serie de medidas, por un lado, de apoyo jurídico a las empresas del sector, para resolver y acotar muchas indefiniciones e indeterminaciones, y por otro, medidas urgentes paliativas para resolver, transitoriamente, la falta de liquidez derivada de la ralentización y/o suspensión de la actividad según caso”, aseguran.

Entre las medidas de liquidez, abogan por aquellas que sean específicas para la contratación pública como autorizar anticipos a cuenta durante el periodo de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras la finalización del periodo de alarma.

“Esta medida, además de no suponer consumo de recurso publico adicional alguno y beneficiar a todos los proveedores, subcontratistas y trabajadores autónomos, supondría también un alivio para la asignación de la línea de avales recientemente autorizada por el Consejo de Ministros”, apuntan desde SEOPAN.

Asimismo, también demanda que debido a la posibilidad de continuar con la actividad cumpliendo las recomendaciones sanitarias, “consideramos necesario establecer la necesaria ampliación automática del plazo contractual como consecuencia del plazo perdido por bajo ritmo de producción durante el periodo de alarma”.

“Para todos los contratos de concesiones, el reconocimiento de la causa de fuerza mayor, ya referida, junto con la autorización de un plazo límite para la implementación de las medidas de restablecimiento del equilibrio recogidas en el RDL, garantizaría su viabilidad y servicio durante el estado de alarma”, comentan.

Respecto al impacto de esta crisis, las constructoras recuerdan que un mes de suspensión total de la actividad, implicaría cerca de un punto porcentual menos de PIB anual, afectando a más de 1.270.000 trabajadores.

SEOPAN destaca que esta crisis constituye también un factor estratégico para las compañías de infraestructuras españolas, las segundas del mundo en actividad internacional y las primeras en la construcción y operación de concesiones de infraestructuras.